|
Nos tenemos que remontar hasta
1857, con la llamada Ley de Instrucción Pública, más
conocida como “Ley Moyano”, la primera Ley General de
Educación. En ella se regulaban los niveles educativos del
Sistema: Primera Enseñanza de seis años (gratuita y
obligatoria); segunda enseñanza –el bachillerato- de seis
años, comunes con examen final y a la que se añade la
posibilidad de estudios de aplicación a las profesiones
industriales, y la tercera o universitaria, que incluía
otras enseñanzas superiores no universitarias de carácter
profesional. Estuvo vigente más de 10 años (1957-1970), en
los cuales su existencia fue matizada, unas veces por el
desarrollo legal de varios puntos de su contenido, y otras,
por la aprobación de leyes que, aunque sólo se refieren a un
nivel de enseñanza, modificaban la parte correspondiente del
sistema.
En 1970 se aprueba la Ley General de Educación o Ley de
Villar Palasí, teniendo como objetivo el hacer partícipe de
la educación a toda la población española, aspecto
fundamental si tenemos en cuenta que con la anterior Ley
existía un 75% de analfabetismo. Dicha Ley que pretendió
establecer la igualdad de oportunidades educativas, supuso
un avance gigantesco a favor de una sociedad más justa y una
vida más humana. También representó una mejora cualitativa
de la enseñanza y favoreció la integración social de todos
los españoles, abriendo las puertas a la educación a todas
las clases sociales sin discriminación. Se estructuró en
tres tipos de Enseñanza: preobligatoria (2 a 6 años);
obligatoria (6 a 14 años) y postobligatoria (BUP con COU y
FP).
Hasta aquí todo parecía correcto, pero los partidos
políticos, sin consenso, se dedican a “abortar” una serie de
Leyes, contribuyendo cada una de ellas a deteriorar más el
sistema educativo. Sólo como referencia, me limitaré a su
mención: LOECE (1989), promovida por la UCD; LODE (1985),
aprobada por el Partido Socialista; LOGSE (1990), Partido
Socialista. LOCE (2002), aprobada por el Partido Popular,
sin poderse aplicar los aspectos fundamentales y LOE (2006),
activada por el Partido Socialista (“Prima hermana” de la
LOGSE).
Sobre esta polémica Ley, muchos estudiosos del tema,
coinciden en que la grave situación de la Enseñanza se
deriva de ella; una Ley que socava el más elemental
principio de educación. Uno de estos analistas, el profesor
R. Moreno Castillo, que con la publicación de su Panfleto
Antipedagógico da a conocer el lamentable error cometido por
el Partido Socialista sin reconocerlo y sin rectificar. El
autor está convencido de que dicha ley, “privilegia a quien
puede permitirse un colegio de élite y, en cambio, penaliza
a los muchachos de las clases menos pudientes, que lo que no
aprenden en los centros educativos públicos, no lo
aprenderán en ningún sitio”. Comenta el profesor que “un
chico que acababa la EGB a los catorce años, sabía más que
uno que acaba la ESO a los dieciséis”. En el primero del
Bachillerato actual (al que correspondía con tercero de
Bachillerato antiguo), hay que enseñar cosas que antes sabía
un estudiante mediano de catorce. En las facultades de
Física y Matemáticas de muchas universidades españolas se ha
implantado un llamado “curso cero”, durante el cual se
explican cosas muy elementales pero indispensables para que
puedan incorporarse a primero de carrera con un mínimo
bagaje. Antes de la reforma este curso no era necesario.
Después de la reforma se hizo imprescindible. Y las
zafiedades que un alumno puede soltar hoy, impunemente, en
clase, ni remotamente se oían a los alumnos del sistema
antiguo. (Curiosamente, a todos estos alumnos de bajo nivel,
en sentido despectivo, se les llama “alumnos logse”).
En el artículo de L. Mª Ansón, de la Real Academia Española,
da a conocer el verdadero origen del desastre que vive
nuestro sistema educativo: se traslada al año 1978: “En
lugar de pactos, componendas, maquillajes y afeites, lo que
tenía que hacer el Gobierno español es recuperar las
competencias de educación, transferidas insensatamente a las
Comunidades Autónomas… Si España quiere mantener su
identidad nacional, dentro de la Constitución de 1978,
aprobada por la voluntad general libremente expresada, los
textos de los diversos grados de enseñanza deben ser
consensuados y comunes. No se puede enseñar a los niños de
una comunidad una cosa y a otros, otras cosas. Sobre todo en
Historia se ha llegado a rizar el rizo. Hablemos con
claridad: en algunas regiones españolas se está enseñando a
odiar a España, a despreciar a España. Los grandes hechos de
nuestra historia: Descubrimiento de América, la obra gigante
de colonización, la calidad del idioma español, la
modernización de nuestra nación, todo está silenciado o
despreciado en los textos de Historia… La Unidad de España
tiene uno de sus fundamentos en la Educación. El Gobierno de
la nación desde 1978 está haciendo dejadez de esa función
cardinal que le compete…
Hay que exigir el retorno al regazo nacional de las
competencias de educación y negociar unos textos comunes que
garanticen una educación compartida por todos los
adolescentes y jóvenes españoles…”.
|
OPINIÓN / EL MAESTRO
