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La Ciudad Autónoma se suma a la Comunidad de Madrid al
ultimar su propia regulación del juego, que fue aprobada por
el Consejo de Gobierno en septiembre de 2009 pasado y por el
Pleno de marzo y cuyo texto está en Bruselas esperando el
visto bueno de la Comisión Europea, que está a punto de
pronunciarse tras hacerlo el Consejo de Estado. Se trata de
uno de los flancos en los que la Ciudad tratará de
garantizar capacidad financiera futura con objetivos
novedosos a los hasta ahora conocidos.
Las comunidades autónomas están regulando, al margen del
Estado, el sector del juego y las apuestas deportivas. La
última en sumarse es la ciudad autónoma de Ceuta que ya ha
elaborado su propio Proyecto de Reglamento de Apuestas
-aprobado por su Pleno el pasado mes de marzo-. Un texto que
incluso ha enviado a Bruselas, para que la Comisión Europea
dictamine si se adecua a la legislación comunitaria, destacó
ayer en sus páginas el rotativo económico ‘CincoDías’.
Al igual que ya hicieron Madrid y País Vasco, el reglamento
ceutí dará vía libre a las apuestas deportivas físicas. Es
decir, los locales donde realizar apuestas sobre cualquier
tipo de competición, en el que ya operan firmas como Codere
y Cirsa a través de las cadenas Victoria y Sportium,
respectivamente. Pero además, el reglamento ceutí abre la
puerta a un aspecto mucho más polémico: las apuestas a
través de internet.
Las empresas que quieran operar en Ceuta deberán cumplir una
serie de requisitos. Por ejemplo, tendrán que ser personas
jurídicas que ostenten la nacionalidad española o la de
cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea,
explica el diario especializado que se sumerge en el
proyecto elaborado por la Consejería de Hacienda.
Domicilio social en Ceuta
Además, el texto ceutí establece que las empresas deberán
tener un domicilio social en la ciudad autónoma y tendrán
que darse de alta en la Consejería de Hacienda, ante la que
deberán acreditar su experiencia empresarial, así como
garantizar su solvencia económica y financiera.
A la espera de que el Gobierno haga público su borrador del
anteproyecto de ley sobre juego, previsiblemente antes del
verano, el sector teme que la multiplicación de reglamentos
autonómicos convierta el mercado español en un reino de
taifas. Las compañías -informa el rotativo económico- ya han
criticado el coste que supondría tener una sede social en
cada autonomía, además de la presentación de los avales
necesarios para operar en cada comunidad. Por ejemplo, en el
caso de Ceuta la fianza se situaría en torno a los 200.000
euros. Mientras, en la Comunidad de Madrid el aval asciende
hasta los 12 millones de euros.
Al margen de Ceuta, la única comunidad autónoma que ya ha
regulado el juego online es Madrid, que incluso ya ha
recibido las primeras solicitudes por parte de operadores
del sector. Aunque Cataluña también prepara su propia
regulación.
Luz verde en septiembre de 2009
Atendiendo a la relevancia del sector del juego y la falta
notable de un instrumento normativo sobre la regulación de
las apuestas y dentro de las competencias recogidas para la
Ciudad en su Estatuto, el Consejo de Gobierno aprobó el 22
de septimbre de 2009 el proyecto de reglamento de juegos y
apuestas para la Ciudad Autónoma. A través de este
instrumento “se posibilitará una regulación que garantice
los derechos de los participantes y asegure una óptima
organización de la actividad”, explicó en su momento la
portavoz del Gobierno Yolanda Bel.
La Ciudad Autónoma -así lo dice su Estatuto- es competente
en materia de Casinos, juegos y apuestas “que tendrá una
exacta definición en el nuevo Reglamento”, dijo. “A través
de este documento -añadió Bel- que vamos a aprobar, se
regula de forma detallada el ejercicio de estas actividades
en una serie de aspectos en los que incidimos de un modo más
notable: control exhaustivo del cumplimiento de la
legalidad, la protección de ciertos colectivos y la
aplicación de las nuevas tecnologías en labores de constrol
e inspección”, enumeró. El Reglamento dedica un capítulo
especial a los locales y las zonas de apuestas, y para su
elaboración se contactó con técnicos de la Comunidad de
Madrid expertos en este apartado competencial.
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