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La Asamblea de Melilla ha acordado ayer retirar una
proposición de Ley aprobada en abril de 2007 para instar al
Gobierno a incrementar la indemnización por residencia a los
empleados públicos de la ciudad, para que no se debata en el
Pleno del Congreso de los Diputados el próximo martes 13 de
abril.
La retirada de esta iniciativa legislativa ha sido propuesta
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma, a instancias de un
informe emitido por la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por motivos de extemporaneidad.
En concreto, el portavoz del Grupo Popular, Daniel Conesa,
ha explicado que esta iniciativa legislativa instaba al
Gobierno a que actualizara la indemnización por residencia
para elevarlo hasta el 100 por 100 en 2007 y 2008, años que
ya se han superado debido a la tardanza con la que la Mesa
del Congreso ha tramitado esta proposición.
Conesa ha recordado que el hecho de que esta iniciativa haga
referencia a fechas ya pasadas, aunque el Gobierno autónomo
mantenga esa aspiración, podría suponer un argumento fácil
para “tumbar” esta propuesta en su debate en el Congreso, de
ahí que la Ciudad Autónoma haya planteado su retirada para
trabajar en otra sin concretar las fechas. Esta propuesta ha
sido muy criticada por los grupos de la oposición, PSOE y
Coalición por Melilla (CPM), que han acusado al Gobierno de
cobardía porque “no se atreve” a defender la subida del plus
de residencia para los funcionarios en el seno del
Parlamento en los tiempos de crisis y austeridad en que se
encuentra el país. El portavoz socialista, Dionisio Muñoz,
ha ido más allá al afirmar que esta retirada de la
iniciativa legislativa responde a directrices del PP
nacional porque “es inoportuna en muchas razones”. Tanto
Muñoz como el líder de la oposición, Mustafa Aberchán, han
dicho no comprender la razón por la que el Gobierno plantea
ahora la retirada de esta propuesta, a pesar de que ha sido
una reivindicación muy repetida por diferentes miembros del
Ejecutivo en los últimos años. Además, los portavoces de
PSOE y CPM han acusado al Gobierno de Melilla de plantear
esta medida como un reclamo electoral.
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