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Aunque el Gobierno de la Nación sostiene que dejar de
empadronar a los residentes de un municipio en situación
irregular es "ilegal", conforme hizo saber al Ayuntamiento
de Vic cuando intentó restringir el censo municipal, Melilla
sigue manteniendo que no puede empadronar a los irregulares
porque su población pasaría a más de un millón. El
secretario de Organización de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla nunca han empadronado a inmigrantes
irregulares.
El secretario de Organización de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla nunca han empadronado a inmigrantes
irregulares para evitar la inscripción masiva de marroquíes,
cuyo país reivindica ambas ciudades, dado que sendas
localidades españolas lindan con Marruecos y sus fronteras
son atravesadas a diario por miles de magrebíes para
trabajar o hacer turismo, sin necesidad de contar con
visado. El vicepresidente primero de la Ciudad autónoma y
consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín (PP),
responde, siempre que se le pregunta por este asunto, que si
tienen que aceptar la inscripción de inmigrantes ilegales en
Melilla "tendría que empadronar al millón de personas que
viven en la provincia marroquí de Nador", la más cercana a
la autonomía española. Similar argumento esgrime el
Ejecutivo ceutí que preside Juan Vivas (PP) apelando a lo
excepcional de la situación geopolítica de la ciudad. El
Gobierno de Melilla sostiene que los marroquíes que acceden
tanto a su ciudad como a Ceuta, no necesitan de visado en el
pasaporte concedido por un Consulado de España tras examinar
su documentación, ya que con mostrar su pasaporte, pueden
acceder a las dos localidades españolas del Norte de África
cuantas veces deseen. "Si hiciéramos lo mismo que se debe
hacer a nivel nacional, tendríamos que empadronar al millón
de personas que viven en Nador", recalcó Marín. El
vicepresidente primero de Melilla resaltó así que no se debe
extrapolar lo que pueda ocurrir a nivel peninsular con lo
que se da en las ciudades autónomas.
El Gobierno de Ceuta sigue aplicando una Resolución de su
Consejería de Presidencia de 2005 que establece que "no
proceder al empadronamiento por carecer de la preceptiva
tarjeta de residencia", por lo que el Registro municipal
venía denegando sistemáticamente la admisión a trámite de
cualquier solicitud de foráneos sin dicho documento.
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asamblea
