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Abordará la relación existente entre el Poder Judicial y los
medios de comunicación, advirtiendo de los “graves
perjuicios” que pueden suponer para las partes implicadas en
el proceso e incluso llegando a afectar al devenir del
mismo. Aunque para la fiscal y vocal del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, que intervendrá con
esta temática en las I Jornadas Jurídicas de la UNED en la
cita de mañana, “las críticas y descalificaciones a los
jueces de España constituyen un grave quebranto del Estado
de Derecho”, sobre todo, cuando se refieren a casos
polémicos como el que atañe actualmente al juez Garzón y,
por consiguiente, al tribunal del Supremo.
Pregunta.- ¿Qué intentará transmitir durante su ponencia
sobre el Poder Judicial y los medios de comunicación?, ¿Cómo
deberían interactuar ambas partes para que la información
llegue a los cuidadanos de manera clara y transparente?
Respuesta.- Mi intención es transmitir que sólo un Poder
Judicial transparente, que aplique la ley e informe de sus
actos, y un periodismo comprometido con la más noble de sus
funciones, consistente en proporcionar al ciudadano una
información fidedigna y veraz, y, al tiempo, respetuoso con
los derechos fundamentales que puedan verse afectados,
fortalecerán nuestro Estado de Derecho.
P.- ¿Qué opinión le merecen las filtraciones informativas
en los juzgados y sus consecuencias a la hora de establecer
juicios paralelos?
R.- Lo deseable es que no existieran las filtraciones. Todos
sabemos que los tiempos mediáticos no son los de la
Justicia. Por ello es importante establecer canales de
comunicación entre la Administración de Justicia y los
medios de comunicación que permitan ofrecer una información
veraz, que no genere distorsiones en el procedimiento ni
comprometa otros derechos fundamentales como la presunción
de inocencia, la intimidad, etc. Las filtraciones, en
ocasiones, pueden ocasionar graves perjuicios no sólo a las
partes afectadas por la noticia, sino incluso al devenir del
proceso.
P.- ¿Se están viendo cuestionados algunos órganos
judiciales, como el Tribunal Supremo, en relación al caso
del juez Garzón?, ¿Cree que está afectando el debate
suscitado a la centralización y la comunicación entre los
jueces del Consejo General del Poder Judicial?
R.- El Consejo siempre ha manifestado su respeto ante el
derecho que los ciudadanos tienen para expresarse libremente
y emitir sus opiniones, sin embargo las críticas y
descalificaciones a los jueces de este país y en este caso
al TS son intolerables; son un exceso innecesario que va mas
allá de la crítica a una resolución judicial y constituyen
un grave quebranto del Estado de Derecho.
P.- ¿Cree que el sistema de designación de los vocales
del CGPJ es lo suficientemente ágil e imparcial?
R.- La elección parlamentaria dota de legitimidad
democrática a las instituciones, en este caso, al Consejo
General del Poder Judicial. En mi opinión, es un sistema
adecuado y transparente. Los vocales del Consejo, han sido
nombrados por el Parlamento, donde reside la soberanía
popular y, por tanto, la voluntad de los ciudadanos a los
que servimos. El vigente sistema se basa en el principio de
transparencia. Los ciudadanos saben quiénes somos, cuáles
son nuestras sensibilidades ideológicas y también que, una
vez nombrados por el Parlamento, nadie puede removernos por
las decisiones que tomemos. Ser elegidos a propuesta del
legislativo no merma un ápice a nuestra independencia
personal ni profesional. Somos un órgano de gobierno y, por
tanto, un órgano político que, con nuestras decisiones,
conformamos la política judicial. Actuamos con todo rigor y
la máxima responsabilidad, y adoptamos los acuerdos en base
a criterios estrictamente jurídicos.
P.- La modernización de la justicia española se traducirá
en un mejor servicio para los ciudadanos, ¿confía en que
ayudará a entender el sistema o, por el contrario,
confundirá la interpretación del mismo?
R.- La justicia ha de estar al servicio de la sociedad y,
por tanto, el protagonista ha de ser el ciudadano. Mañana
entran en vigor las reformas procesales que permiten el
desarrollo y puesta en marcha de la oficina judicial. Este
cambio en el modelo organizativo de nuestra Administración
de Justicia es el motor de arranque para la reforma y mejora
de la misma y poder garantizar al ciudadano la justicia de
calidad, ágil y eficaz que demanda. Ahora bien, este impulso
modernizador ha de venir acompañado de otras reformas
procesales importantísimas, como la del proceso penal, ley
de mediación, nueva ley de Planta judicial… Es necesario
abordar una reforma profunda. De lo contrario, estaremos
invirtiendo en un modelo ineficiente.
P.- Una de las carencias de la Administración de Justicia
de Ceuta es la inexistencia de un órgano específico para la
violencia de género, ¿cree que los tribunales ordinarios
pueden resolver por sí solos esta situación sin ralentizar
el resto de asuntos?
R.- En Ceuta, como ocurre en otros lugares, no hay un
volumen de asuntos lo suficientemente elevado que permita y
justifique la creación de un juzgado exclusivo. Para
explicarlo con datos concretos, la carga de trabajo óptima
de un juzgado de este tipo se establece en 1.200 diligencias
previas, 600 urgentes y unas 400 órdenes de protección. En
Ceuta, en 2009, se registraron 222 diligencias previas, 158
urgentes y 81 órdenes de protección. Es decir, la
jurisdicción de violencia contra la mujer en Ceuta se
encuentra entre un 20 y un 25 por ciento de los parámetros
de trabajo. Los jueces de Instrucción tienen la
cualificación profesional y preparación necesaria para poder
asumir funciones en materia de violencia de género, si bien
se apuesta por la especialización en esta materia.
P.- El sistema español, ¿es demasiado garantista con
respecto a los procesados penales?, ¿está de acuerdo con la
petición de cadena perpetua del padre de Mari Luz?
R.- Los derechos que nuestra legislación reconoce a los
imputados son básicos si efectivamente creemos en el Estado
de Derecho y respetamos el mandato constitucional. Ahora
bien, es importante que los derechos de las víctimas sean
reconocidos, que las mismas se sientan apoyadas y, por ello,
es necesario establecer mecanismos para garantizar la
protección de la víctima y que la misma así lo perciba, y
que los procedimientos judiciales no supongan una doble
victimización. En cuanto al debate sobre la cadena perpetua,
quiero indicar, en primer lugar, que el tema es muy complejo
porque no estamos ante una mera cuestión técnica que pueda
ser resuelta en términos jurídicos. Es un debate que implica
al conjunto de la ciudadanía en la medida en que tiene que
ver con el modelo de sociedad e incluso con el modelo de
Estado de Derecho por el que apostamos. Creo personalmente
que la cadena perpetua tiene mal acomodo en nuestra
Constitución. La permanencia en prisión indefinida, aun en
el supuesto de que se pudiera revisar, es difícilmente
compatible con el mandato de resocialización que establece
el artículo 25.2 de la Constitución.
P.- ¿Considera suficiente la Ley del Menor para combatir
la violencia juvenil?, ¿qué papel juega la Fiscalía?
R.- El conjunto de profesionales que trabajan diariamente en
la jurisdicción del menor coinciden en la valoración
positiva de la Ley Penal del Menor y sus resultados
satisfactorios. Los debates sobre cualquier reforma
legislativa hay que abordarlos en el marco parlamentario y
en un escenario de reflexión, no al calor del dolor de las
víctimas, a las cuales hay que respetar y apoyar pero no
utilizarlas para propiciar discursos demagógicos y
oportunistas.
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FISCAL VOCAL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL
