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La Audiencia Provincial asumirá las competencias en un
procedimiento de presunta estafa y supuesta falsedad
documental por la que la representante del Ministerio Fiscal
en la ciudad solicita penas de hasta seis años de prisión y
más de 5.000 euros de multa.
Al parecer, los hechos contenidos en el escrito de acusación
de la Fiscalía contemplan que ambos delitos, calificados
como continuados, se produjeron entre julio de 2001 y marzo
de 2002. Supuestamente, el acusado era trabajador de la
empresa Retevisión, la cual por cada contrato suscrito con
un usuario aportaba al empleado comisiones y una serie de
terminales telefónicas. El problema se produjo cuando un
total de 47 clientes negaron haber firmado ningún contrato
con dicha empresa y según el relato del fiscal, el encausado
falseaba los datos de los contratos y obtenía con ellos una
serie de terminales, en suma 234 líneas telefónicas fueron
registradas falsamente.
Por tales hechos, la representante del Ministerio Público
solicita 6 años de cárcel y 5.475 euros de multa para el
procesado aunque será la Audiencia Provincial la que
determine la veracidad o no, de los hechos y la inocencia,
si cabe, del acusado.
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