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OPINIÓN - LUNES, 24 DE MAYO DE 2010

 

OPINIÓN / AL SUR DEL SUR

¿Cuándo responderán equitativamente?
 


Juan Carlos Trujillo Muñoz
juancarlostrujillo@elpueblodeceuta.com

 

Durante años nuestro país ha sufrido la ineptitud en la gestión de los recursos públicos de un Ejecutivo socialista, que nos ha llevado a cifras verdaderamente dramáticas; más de 5.000.000 de desempleados y casi un 12% de déficit público, solo comparable a lo sucedido en nuestro país entre los años 1993 y 1995. Circunstancia, que ha provocado el mayor recorte en derechos sociales de toda nuestra historia democrática; reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media en 2010 y congelación en 2011, suspensión en 2011 de la revalorización de las pensiones, eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011, eliminación de la devolución de 400€ del IRPF o la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley.

No obstante, a pesar de encontrarnos en esta pésima situación socio económica, la reacción de los agentes sociales mayoritarios, supuestos garantes de los derechos de los trabajadores en activo y de los desempleados en mayor medida, no ha sido la esperada ya que, apelando a la prudencia, han rehusado en los últimos meses expresar su rechazo a las políticas llevadas a cabo hasta el momento a través del único medio a su alcance, la movilización sindical y en particular, tras los acontecimientos acaecidos la semana pasada la única respuesta posible, convocar la primera Huelga General a José Luís Rodríguez Zapatero.

Quizás, la contestación a esta cuestión podríamos encontrarla en las previsiones de un Ejecutivo, que a pesar de las directrices marcada desde el seno de la Unión Europea, continua negándose a reducir las subvenciones destinadas a las centrales sindicales mayoritarias, organizaciones empresariales y partidos políticos. Mientras el Ejecutivo socialista consumaba el pasado jueves el mayor recorte en derechos sociales de nuestra historia democrática, el Boletín oficial del Estado detallaba las bases reguladoras para la concesión de 15,8 millones de euros en subvenciones dirigidos a las centrales sindicales en función de su representatividad. Debo señalar, que las centrales mayoritarias dirigidas por Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo se repartieron el pasado año, a partes iguales, más de 190 millones de euros, cantidad incrementada en un 50% desde la llegada de José Luís Rodríguez Zapatero ya que, a las mencionadas anteriormente, debemos añadir las ayudas provenientes de las Administraciones autonómicas, las ayudas destinadas a cursos de formación provenientes del Ministerio de Política Territorial, las provenientes del Ministerio de Trabajo e Inmigración otorgadas como consecuencia de su participación en los diferentes organismos consultivos y las obtenidas a través de las diferentes fundaciones.

En definitiva, los trabajadores españoles sufrimos las consecuencias de las decisiones erróneas adoptadas por el Ejecutivo socialista pero, al mismo tiempo, las consecuencias de nuestra pasividad a la hora de expresar nuestros desengaños como consecuencia del incumplimiento reiterativo de las promesas electorales formuladas por el Partido Socialista durante los últimos años. Promesas desatendidas apresuradamente demostrando, que tan solo representaron el mayor engaño colectivo contra todo el electorado que apoyó mayoritariamente el proyecto político representado por José Luís Rodríguez Zapatero. Ahora, una vez conocidos los últimos datos socio económicos, el alcance de las restricciones incluidas en el decretazo presentado a finales de la semana pasada y las prioridades económicas del Ejecutivo socialista en relación a mantener en silencio el mayor tiempo posible a los representantes sindicales, es el momento de expresar nuestro rechazo absoluto a la labor tanto de los miembros del Gobierno socialista como, de los impasibles dirigentes sindicales. No obstante, esperemos que los últimos acontecimientos hagan despertar de su letargo a quienes deberían dirigir la lucha por el bienestar general de todos los trabajadores españoles desechando beneficios económicos como los mencionados.
 

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