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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer por fin el
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público. Su “farragoso” contenido, según lo
describieron fuentes del Ejecutivo local y los sindicatos,
aclaró algunas dudas como la de qué manera afectará al
funcionariado de la Ciudad el recorte salarial que prevé,
que finalmente será equivalente al de los trabajadores del
Estado (el salario base, del 0,56% al 7%, y los
complementos, al 5%) pero no disipó las dudas alrededor del
plus de residencia o del sector público empresarial.
El Real Decreto-ley 8/2010 aclaró ayer que el Estado
“robará”, según la terminología utilizada por CSI.F-Ceuta en
una comunicación interna a sus afiliados, a los funcionarios
de la Ciudad Autónoma lo mismo que a los del Estado: los
trabajadores del grupo E (el nivel inferior) tendrán una
reducción en sus salarios base y su antigüedad del 0,56%;
los del C2, del 2,75%; el C1, del 4,5%; los del grupo A2,
del 5,75%; y los del A1, del 7%. Asimismo, los complementos,
tanto específicos como de destino, tendrán una reducción
lineal del 5%, salvo para los funcionarios del grupo E, que
será del 1%.
Con el fin de “reconocer la función de la negociación
colectiva y garantizar a la vez la eficacia de la decisión
de reducción” el Personal Laboral de las dos
Administraciones verá aminorado su el volumen de “cada uno
de los conceptos retributivos que integran la nómina” en un
5%.
Hasta ahí lo que, según las fuentes sindicales e
institucionales consultadas ayer por este periódico, está
meridianamente resuelto.
Tanto la Federación de Servicios Públicos de UGT como la de
Servicios a la Ciudadanía de CCOO dan por seguro que la
indemnización por residencia no se verá afectada por el
‘tijeretazo’ de Zapatero precisamente por ser tal y no un
concepto retributivo.
Las Administraciones no lo tienen, sin embargo, tan claro.
Fuentes de la Delegación explicaron que la reducción del
montante de este plus no está definitivamente resuelta.
Desde la Ciudad el consejero de Hacienda, Francisco Márquez,
explicó que el Gobierno ceutí ha solicitado los
correspondientes informes jurídicos y económicos para
conocer el alcance que tendrá el recorte en el sector
público local.
En cualquier caso el responsable de Recursos Humanos, que el
viernes se reunirá en Madrid con la secretaria de Estado de
la Función Pública, Consuelo Rumí, aseguró que el Ejecutivo
local defenderá “con todas nuestras capacidades” la
necesidad y la justicia de que el plus de residencia que
perciben los trabajadores del sector público y, en menor
medida, del privado en la ciudad autónoma quede exento de
cualquier recorte.
“No se trata sólo”, argumentó Márquez, “de una voluntad de
reducir el impacto del Decreto en la ciudad, sino de
defender una reivindicación histórica de Ceuta en atención a
sus peculiaridades que otros agentes sociales siguen
demandando se extienda a todos los sectores privados”.
La duda sobre si este plus se recortará o no radica en “la
interpretación” que la Administración General del Estado dé
al concepto “masa salarial” y en si ese conjunto total de
retribuciones incluye o no dicha indemnización.
Los sindicatos están convencidos, sin embargo, de que el
Decreto-ley es claro al establecer que “los complementos
personales y transitorios y demás retribuciones que tengan
análogo carácter, así como las indemnizaciones por razón del
servicio, se regirán por su normativa específica y por lo
dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación la
reducción del 5 por ciento previsto en la misma”.
Sector público empresarial
Tampoco hay consenso alrededor de qué sucederá con los
salarios de las empresas municipales tras la publicación de
la normativa. “El texto”, lamentó ayer Márquez, “adolece de
falta de concreción jurídica y habla de un concepto como el
de ‘personal directivo’ no del todo delimitado”.
El consejero se refiere a la Disposición Adicional Novena
del Decreto, que señala que “en lo relativo a la reducción
salarial, no será de aplicación al personal laboral no
directivo de las sociedades mercantiles”. Otras fuentes
interpretan el texto legal de forma diametralmente opuesta y
consideran que está “claro” que todo el personal de empresas
como Acemsa, Emvicesa o RTVCE también verá reducidos sus
emolumentos.
Queda una tercera vía que sería la política. El presidente
de la Ciudad anunció el sábado que aplicaría el Decreto “al
pie de la letra”, sin interpretación alguna, pero otras
Autonomías como Extremadura piensan, diga lo que diga en su
literalidad, hacer que la medida afecte “al resto de
personas que están al servicio de la Administración pública
en todas y cada una de las figuras posibles”.
Lo haga o no en este ámbito, el Ejecutivo ceutí sí tomará
decisiones políticas en línea con las aplicadas por el
Estado. De entrada el próximo jueves el Pleno aprobará una
iniciativa suya para reducir en un 15% todas y cada una de
las asignaciones y salarios de índole político, es decir,
los sueldos y asignaciones de los miembros del Gobierno, el
resto de altos cargos, el personal de confianza y las
cantidades que perciben los diputados por el mero hecho de
serlo y acudir a los Plenos, un concepto este último con
características administrativas similares al plus de
residencia (es una indemnización, no una retribución).
Además, el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión
semanal ordinaria de hoy un ajuste de su Gasto Corriente que
en algunos puntos merecerá el calificativo de “drástico”.
Con la voluntad de que no se vean alteradas las prioridades
del Ejecutivo (“mantener el pulso inversor, garantizar la
extensión y calidad de los servicios públicos y no reducir
los niveles de protección social”) determinadas partidas “no
imprescindibles” como las subvenciones que perciben las
entidades deportivas se verán reducidas hasta en un 40%,
según adelantaron fuentes de la Ciudad, que prevé poder
ahorrar con los recortes salariales impuestos casi 2
millones de euros.
Dicha cantidad deberá destinarse, por este orden, dado que
el remanente de Tesorería de la última liquidación de la
Ciudad fue positivo, “a disminuir el nivel de endeudamiento
a largo plazo” y “a la financiación de inversiones”.
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Un extra con carácter “compensatorio y no retribuitvo”
La indemnización por residencia
es, según las disposiciones legales que la regulan, “una
retribución complementaria de carácter compensatorio y no
retributivo, con una larga tradición en la normativa de
función pública de nuestro país y que encuentra su origen
histórico en las especiales características,
fundamentalmente geográficas, de algunos de nuestros
territorios”. Su abono tiene como objetivo “resarcir a los
funcionarios públicos de los gastos que se vean precisados a
realizar, en razón del servicio o por su residencia, en
aquellos lugares del territorio nacional que se establezca
por el Gobierno”.
UDCE apoya a la Ciudad
El primer grupo de la oposición en la Asamblea, UDCE,
manifestó ayer a través de su portavoz, Mohamed Ali, su
respaldo a la defensa que prevé emprender la Ciudad contra
cualquier interpretación del Decreto-ley del Gobierno que
contemple también la reducción del plus de residencia.
“Entendemos”, señaló Ali, “que el Estado siempre ha
considerado este complemento salarial como un extra de
carácter compensatorio para atender las singularidades del
trabajo en la ciudad autónoma, no como un concepto
retributivo más, por lo que no debería verse reducido”.
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