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La consejera de Asuntos Sociales de la Ciudad Autónoma
compareció ayer ante la Comisión Especial de estudio de la
problemática de la adopción nacional y otros temas afines
del Senado para exponer, a la luz de la experiencia de Ceuta
en este ámbito, plantear 15 medidas que contribuirían a
mejorar su problemática.
La Cámara Alta escuchó ayer gracias a la consejera de
Asuntos Sociales de la Ciudad, Carolina Pérez, “la voz de
Ceuta”, en el seno del grupo que ha constituido “para
conocer la realidad, las dificultades y los retos de nuestro
sistema de protección infantil”. La política ceutí planteó
quince medidas concretas para mejorarlo que, entre otras,
incluyen la posibilidad de “establecer un régimen
sancionador en temas de infancia para que los padres se
vieran obligados a colaborar con la Administración que
ejerce la tutela de sus hijos”.
Además, Pérez defendió “por una cuestión de justicia social”
que “se debería regular la posibilidad de repercutir
compensaciones económicas a los padres de menores
desamparados que tengan recursos económicos suficientes”.
“La finalidad”, matizó, “no sería que la Administración
obtuviera unos ingresos con los que financiar el servicio,
sino que esta cuantía, la que se determinara, sirviera para
que el menor dispusiera de unos recursos para comenzar su
vida una vez que abandonara el centro”.
Pérez planteó a la Comisión Especial de estudio de la
problemática de la adopción nacional y otros temas afines
que la nueva ley que se elabore sobre esta materia incluya
esa y otras medidas que recojan esas “nuevas realidades,
algunas de índole legal” que han aparecido recientemente
“como la incorporación al sistema de protección de los
menores de 14 años infractores que introdujo la Ley 5/2000,
que, a nuestro juicio, requieren la puesta en marcha de
cambios normativos que sirvan para que continuemos avanzando
por esa senda iniciada hacia la mejora de nuestro sistema de
protección”.
Diez años de experiencia
”Sólo en Ceuta, en 2009 la Fiscalía derivó al sistema de
protección 317 casos, casi uno diario, una circunstancia
que, insisto, no estaba contemplada en la Ley 1/1996 de
Protección Jurídica del Menor”, explicó la consejera
“después de más de diez años de experiencia trabajando con
menores extranjeros no acompañados” en la ciudad autónoma.
Así, Pérez opinó que “el término jurídico ‘interés superior
del menor’ debe ser definido en la legislación para evitar
posibles arbitrariedades y delimitar claramente qué es” para
dejar claro qué deben hacer las instituciones en cada caso
“con respecto a un interés que en ocasiones se encuentra
enmascarado tras los intereses de los adultos”.
La política consideró especialmente trascendente para Ceuta
que la guarda voluntaria sea regulada “no sólo para aquellos
que ostentan la patria potestad, sino también para los
guardadores de hecho” estableciendo “un procedimiento y los
plazos para resolverlo, concretando las responsabilidades
parentales o familiares en cuanto a la corresponsabilidad.
Situaciones de riesgo
En cuanto a las situaciones de riesgo Pérez explicó que
“deben resolverse con una declaración formal administrativa,
que debe clarificarse y regularse, limitando los plazos en
los que debe ser resuelto y documentando el trabajo social,
con asistencia de un letrado”. En ese sentido llamó a
“redefinir” el concepto de desamparo y a “reducir los plazos
de revocación “para los casos de irrecuperabilidad”.
Igualmente abogó por regular el procedimiento para la
protección del nasciturus en el caso de madres toxicómanas o
alcohólicas “para evitar situaciones de conflicto ante la
situación de riesgo en la que se encuentra éstos”.
En el ámbito judicial y administrativo Pérez pidió que la
tramitación judicial de los expedientes de los menores se
trate como “procedimiento urgente” y demandó la “formación y
especialización de jueces tanto en primera como en segunda
instancia”. “En todos los procedimientos administrativos y
judiciales”, solicitó, “debería ser obligatorio contar con
la opinión de los menores o los profesionales
especializados”.
La consejera solicitó también “una única fórmula” en todo el
país para tramitar los procedimientos para la declaración de
idoneidad para la adopción y para la capacitación de los
acogedores y llamó la atención sobre la necesidad de
“delimitar los supuestos que no constituyen desprotección
infantil, ya que es muy frecuente que los Servicios de
Protección tengan que intervenir en situaciones que son
competencia de otros departamentos de la administración”.
En relación con el acogimiento residencial Pérez plantó que
sería necesario tomar esta medida “atendiendo a plazos
máximos que deberán ser regulados”. Sobre el familiar pidió
más agilidad y claridad en los trámites y “regular los
apoyos tanto económicos, como de cualquier otra índole,
especialmente los programas de apoyo psicológico–educativo,
que deban ser realizados”
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SEO se opone a un nuevo Centro de Menores en Calamocarro
La delegación de la Sociedad
Española de Ornitología (SEO) de Ceuta se opuso ayer
rotundamente a que se construya un nuevo Centro de Menores
en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de
Calamocarro. “Lamentamos que se hagan manifestaciones de
este tipo, que presuponemos fruto de la precipitación del
autor de las mismas y de las necesidades de un Centro de
Menores, porque si realmente existe el proyecto de
construcción de un centro de menores en la ZEPA de
Calamocarro”, criticó la SEO, “consideramos que se está
hablando de una agresión en toda regla a este espacio
protegido, y por parte de nuestra sociedad se cursarán
cuantos recursos y denuncias sean necesarios”. La SEO
recordó que actualmente se está desarrollando el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y de Gestión (PORNG) de
este espacio protegido perteneciente a la Red Ecológica
Europea Natura 2000, el cual “dará cumplimiento a las
obligaciones dimanantes de la normativa ambiental y se
establecerá, mediante una regulación precisa, las medidas y
objetivos de gestión y el régimen de protección necesarios y
deseables para la consecución de los fines de conservación
del espacio, formulando los criterios orientadores de otras
políticas sectoriales y ordenadores de las actividades
económicas y sociales en el ámbito del mismo, de manera que
sea compatibles con las exigencias de conservación
referidas”.
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