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La tramitación por la Ciudad de los permisos e informes
necesarios para que se instale en Ceuta una planta de
biodiésel, a la que el Puerto cedió hace ya tres años unos
terrenos y que supondrá una inversión de 56 millones, se
“agilizará todo lo posible”. Así lo señaló ayer la portavoz
del Gobierno, Yolanda Bel, que cifró en “tres o cuatro
meses” el plazo.
“Tres o cuatro meses”, este es el horizonte, “difícil” de
establecer, que la portavoz del Ejecutivo local, Yolanda
Bel, ofreció ayer para la culminación del proceso
administrativo que requiere la instalación de una nueva
industria, dedicada a la producción y suministro de
biodiésel en Ceuta. La iniciativa, en la que está prevista
una inversión de 56 millones de euros, viene de lejos, pues
la Autoridad Portuaria dispuso hace ya tres años la
concesión de unos terrenos a tal fin y en diciembre del
pasado año el proyecto obtuvo una subvención de 6,77
millones de euros procedentes del Estado.
Bel, a la sazón también responsable del departamento de
Medio Ambiente, manifestó al respecto que “para aquellos que
se muestran interesados en que Ceuta tenga una planta de
biodiésel, en su implantación e instalación, hay que decir
que el procedimiento administrativo desde el punto de vista
de las diferentes áreas que tienen que intervenir es largo
en el tiempo, pero a través de nuestros cauces y por su
puesto siempre en cumplimiento de la normativa vigente
-agregó-, vamos a intentar agilizarlos, como hacemos con los
temas importantes, de calado y trascendentes para la
ciudad”.
La portavoz señaló asimismo que en este caso “son muchas las
áreas que intervienen”, aunque destacó “dos fundamentales
que tienen mayor peso en la tramitación de este tipo de
expedientes”, por un lado, la Consejería de Fomento, “desde
el punto de vista urbanístico y de Industria”, y por otro,
Medio Ambiente y Servicios Urbanos “en una doble vertiente
-apuntó-, la declaración de impacto ambiental y la
autorización ambiental integrada”. Así, serán estas dos
áreas las que “tendrán que tramitar con mayor agilidad y en
un procedimiento más farragoso todas las autorizaciones
necesarias”.
En cuanto al plazo, la consejera señaló que no hay uno
establecido, pues el proceso “lleva unos plazos de
exposición pública, de resolución de alegaciones, una
tramitación que suele durar meses”. “Podemos estar hablando
de tres meses, de cuatro meses, por dar un periodo
aproximado, pero no una fecha concreta, porque los
procedimientos pueden variarse”, concluyó.
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