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En el Consejo Sectorial de Medio Ambiente tendrán más peso
los ecologistas que los partidos políticos con
representación en la Asamblea e incluso que el Gobierno de
la Ciudad. Así lo aseguró ayer la portavoz y consejera del
área, Yolanda Bel, en relación con las alegaciones
presentadas por el Grupo Socialista, que no han sido
aceptadas, frente a la de UDCE, que sí se admitió por
“coincidir” con los primeros.
Para la portavoz del Gobierno y consejera de Medio Ambiente,
Yolanda Bel, el Consejo Sectorial de su área, en proceso de
constitución, debe ser un organismo con un “mayor peso” de
las organizaciones ecologistas que de los partidos o de su
propio departamento. Esta fue una de las consideraciones
realizadas ayer a preguntas de los periodistas tras el
Consejo de Gobierno y en relación al rechazo de las
alegaciones presentadas por la portavoz del Grupo
Socialista, Inmaculada Ramírez. Bel aseguró que “sin querer
menospreciar a los grupos políticos, aquí le hemos querido
dar una trascendencia y un mayor peso a las opiniones de las
asociaciones ecologistas”. Esto es así, agregó, porque le
parece que “son las directamente afectadas en este consejo y
las que van a trabajar de forma directa en este órgano, por
lo que su voz, sus propuestas y sus ideas eran fundamentales
y de mayor peso aún que de los grupos políticos y de las de
la propia Consejería”.
En lo que respecta a la propuesta realizada por UDCE, Bel
manifestó que fue aceptada por “coincidir” con las de los
ecologistas.
Transporte marítimo
Por otra parte, y en relación con las críticas del diputado
socialista, Salvador de la Encina, respecto a los
calificativos empleados por Bel para calificar el
comportamiento de las navieras, que considera “inmoral” e
“indecente”, la portavoz del Ejecutivo local respondió que
“si el señor de la Encina y su familia vivieran en Ceuta los
365 días del año y tuvieran que coger el barco a menudo”, no
criticaría sus palabras.
En relación con la posibilidad de implantar, como propone
‘Caballas’, una naviera municipal, Bel considera que se
trata de una propuesta que ha de acompañarse con un estudio
que avale su viabilidad tanto desde el punto de vista
jurídico como económico.
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