El presidente de la Federación Andaluza de Fútbol Eduardo
Herrera recibirá hoy miércoles al mediodía a los seis
representantes de los clubes de los grupos IX y X de Tercera
División. Herrera se reunirá con Alfredo Gallardo
(presidente de la Real Balompédica Linense), Manolo
Fernández (Atlético Sanluqueño), Antonio Bohórquez (Puerto
Real), Nicolás Mingorance (Motril), Francisco Harillo
(Ronda) y Antonio Guardeño (Loja). La nueva normativa, que
se pondrá en marcha esta semana (a partir del 1 de julio) y
que publicó el diario Europa Sur, ha desatado la inquietud
entre los equipos de esta categoría. La preocupación de los
clubes se centra en varios puntos: por un lado se preguntan
qué supone lo que se refleja como “universalización de la
ficha p” de la que habla el reglamento que entra en vigor,
por cuanto eso puede conllevar el reconocimiento de que
jugadores de Tercera deben ser considerados profesionales,
con todo lo que ello implica en cuanto a cotización y
derechos de los futbolistas. De hecho, hay presidentes que
mantienen que, si finalmente son reconocidos como
profesionales, en caso de ser despedidos sólo deben percibir
los días por año trabajado que le corresponden a cualquier
otro trabajador.
Por otro lado, el nuevo reglamento refleja que los clubes de
Segunda División ‘B’ y Tercera División deben estar al día
con sus jugadores el 30 de junio, lo que recorta un mes el
plazo de que disponen las directivas para pagar, porque en
las temporadas anteriores el plazo expiraba el 31 de julio.
En caso contrario, perderán sus derechos federativos, por lo
que no podrán ni fichar futbolistas ni inscribirse en la
competición.
Asumir la deuda
Los clubes de Tercera División también están en desacuerdo
con la necesidad de subrogarse -ya sea total o parcialmente
según se milite en la LFP o en las categorías dependientes
de la Federación- en la deuda generada por un equipo que
pierde la categoría por moroso si se pretende ocupar esa
plaza. Asimismo, los equipos modestos entienden que no es
normal que todos estos puntos hayan experimentado un notable
cambio sin que previamente se haya consultado a los
afectados para conocer su opinión al respecto.
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