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FSP-UGT ha presentado dos recursos contra el ‘decretazo’.
Uno al Defensor del Pueblo y otro a la Audiencia Nacional.
Según informó ayer el representante del sector público del
sindicato en Ceuta, Juan Carlos Pérez, el servicio jurídico
de la organización sindical “no aconseja que se presente una
reclamación de forma individual” por parte de las personas
afectadas por el Decreto Ley del Gobierno.
Tras la presentación de un escrito en contra del ‘decretazo’
al Defensor del Pueblo por parte de la FSP-UGT, después de
la huelga del 8 de junio, decidió “trazar una línea judicial
para derribar el Real Decreto”. Así lo aseguró ayer el
representante del sector público del sindicato, Juan Carlos
Pérez: “Esta reforma es inconstitucional y va en contra de
la negociación colectiva”. Por lo tanto, tras entregar ese
recurso, el día 25 del pasado mes se presentó otro documento
contra el Real Decreto “en la Audiencia Nacional”. Después
de estas dos actuaciones, desde la organización sindical se
pretende utilizar “todas las medidas judiciales necesarias
para derribar este decreto tanto en el ámbito nacional como
el local”.
Por su parte, el sindicato CSI-F ya anunció que se encuentra
preparando un modelo de reclamación individual para que los
trabajadores luchen por sus derechos, pero desde la FSP-UGT,
se considera que “hay dos peligros” en este tipo de
reclamación: “El servicio jurídico de UGT a nivel nacional
no aconseja debido a que hay que presentarla ante un
magistrado, el cual puede afirmar que el recorte está
amparado en la Ley”, algo que “tumbaría la sentencia y se
daría como hecho juzgado y el trabajador agotaría la vía de
reclamación”. En segundo lugar, Pérez destacó que este tipo
de reclamaciones deben realizarse “por hechos consumados, es
decir, después de que se hayan aplicado los recortes en las
nóminas. En el ámbito laboral tiene que transcurrir un año y
en el funcionarial cuatro años”.
Por lo tanto, el servicio jurídico de UGT considera que esta
vía “no es aconsejable”. Puesto que Ceuta en este sentido
“no tiene capacidad legislativa”, se ha decidido “acogerse
al recurso presentado ante la Audiencia”.
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