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El sindicato UGT se reunió ayer con representantes de la
Ciudad y Delegación para llegar a una conciliación en
relación a la presentación que realizó la organización
sindical el pasado jueves de un conflicto colectivo en
contra del Real Decreto 8/2010 del Gobierno central. Según
informó el representante del sector público del sindicato,
Juan Carlos Pérez, el ambiente fue “cordial” pero se sigue
“ratificando la ilegalidad” del texto.
Tras presentar el pasado jueves el conflicto colectivo
contra la reforma laboral del Gobierno de España, el
sindicato UGT se reunió ayer con representantes de la Ciudad
y Delegación para llegar a un acuerdo de conciliación. El
representante del sector público de la organización sindical
en Ceuta, Juan Carlos Pérez, destacó que el ambiente fue
“cordial”. Por una parte, el Ejecutivo local “ratifica” la
postura de que se han tomado las medidas dadas por el
Gobierno central, pero desde la Unión General de
Trabajadores se continúa insistiendo en la “ilegalidad del
Real Decreto” y en la “imposición de los recortes”.
Pérez ya tiene previsto acudir a la semana que viene al
Juzgado de lo Social para presentar “la demanda”. Desde UGT
se espera que en septiembre salga el juicio, ya que durante
el mes de agosto está todo prácticamente ‘parado’. El
representante sindical destacó que se “espera que la
sentencia del juicio sea favorable. Se sabe que los
trabajadores llevan la razón, los empleados públicos han
sido agraviados y se les ha robado la cartera. Eso no tiene
justificación legal ninguna”. Por otra parte, y según
informó la Federación de Servicios Públicos de la UGT en una
nota de prensa, la Audiencia Nacional ha aceptado a trámite
los recursos contencioso-administrativos presentados por el
sindicato el pasado 25 de junio. Tal y como adelantó este
diario, la Federación aportará “todas las vías para revocar
un Decreto que atenta contra los derechos”. La FSP-UGT
presentó ambos recursos. Así, el sindicato continúa de este
modo con el camino “ya emprendido hacia su intento de
revocar el Decreto Ley 8/2010, que en palabras de Julio
Lacuerda supone un agravio sin precedentes hacia los
empleados públicos de este país”. El pasado 20 de mayo se
presentó un recurso al acto administrativo de la Mesa
General de Negociación, donde se comunicó de forma verbal a
los sindicatos de Función Pública el recorte de un 5% de
media en los salarios públicos y que supuso la ruptura del
Acuerdo de Función Pública en el marco del diálogo social
2010-2012. Se presentó también un recurso
contencioso-administrativo a la resolución de la instrucción
de las nóminas. El sindicato recuerda en su nota de prensa
que, con la “finalidad de facilitar la confección de las
mismas, por resolución del 25 de mayo de 2010” la Secretaría
de Estado de Hacienda y Presupuestos dictó instrucciones en
relación a las nóminas de los funcionarios incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en
los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, actualizados con efectos de 1 de junio de 2010 las
cuantías de las retribuciones.
Por otra parte, sigue su curso la solicitud al Defensor del
Pueblo de que interponga un recurso de inconstitucionalidad
a este Real Decreto. La Federación ha recibido respuesta de
la institución declarando que ha comenzado “el estudio de la
solicitud”. En definitiva, y tal como se informó en este
diario, la UGT llevará a cabo y recurrirá a todas las
medidas judiciales oportunas para intentar paralizar y
“tumbar” la reforma laboral, que en Ceuta afecta a un total
de 1.500 trabajadores. La UGT reclamará de forma colectiva,
al contrario que lo hará CSI-F, que ha preparado un
documento estandar para que sus afiliados puedan reclamar de
forma individual ante la Justicia por el recorte.
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denuncia
