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El Sindicato Médico se ha dirigido al Parlamento Europeo, a
la Comisión de Peticiones, concretamente, para elevar una
queja formal ante esta institución por la publicación en
España del Real Decreto-ley que reduce el salario de los
empleados públicos “por entender que vulnera derechos
fundamentales” de este colectivo.
SATSE solicita información sobre el posicionamiento del
Parlamento Europeo acerca de la cuestión planteada, así como
“la revisión de la actuación de España en relación a las
medidas aprobadas, que han supuesto una reducción del
salario de todos los empleados públicos españoles por el
mero hecho de ser empleados públicos”, lo cual supone, desde
el punto de vista del sindicato, “una manifiesta
discriminación, prohibida por el derecho comunitario e
internacional”.
El Sindicato de Enfermería explica que en España existe
doctrina, jurisprudencia y legislación acerca de la
contingencia de alterar las retribuciones de los empleados
públicos, suponiendo la norma denunciada “una vulneración
manifiesta en nuestro ordenamiento jurídico”.
SATSE entiende que el Gobierno y el Parlamento español han
provocado, con la aprobación del Real Decreto-ley, “una
lesión al principio de no discriminación regulado y
protegido en el ámbito comunitario”.
El sindicato fundamenta su argumentación, asimismo, en que
“la Decisión 2007/750/CE del Consejo establece un programa
de acción comunitario para luchar contra la discriminación y
el número 1672/2006/CE establece un programa para el empleo
y la solidaridad social”, recordando que puede existir
discriminación hacia una persona o grupo de personas “si se
les dispensa un trato desfavorable por motivo de raza,
religión, discapacidad, edad... o si se le aplica una
disposición que pudiera perjudicar a esta persona o grupo de
personas”.
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