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La Ciudad no definirá públicamente hasta la próxima reunión
del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), que se
prevé convoque el Ministerio en septiembre, su posición
sobre la petición que varias Autonomías ya han anunciado que
trasladarán para demorar la devolución de los reintegros al
Estado por la sobrefinanciación recibida en 2008.
La portavoz del Ejecutivo ceutí, Yolanda Bel, dijo ayer que
el Gobierno que preside Juan Vivas tiene “conocimiento” de
la posibilidad de que se convoque “casi con total seguridad”
una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
a la vuelta de las vacaciones estivales en la que las
Autonomías tengan la posibilidad de pedir al Estado un
aplazamiento de la devolución de las cantidades que deben
reintegrar a sus arcas con cargo a la liquidación del
sistema de financiación autonómica y, en el caso de Ceuta,
también local, de 2008.
Bel dijo que si tal solicitud fuese unánime Ceuta “por
supuesto” se sumaría a ella. “Vamos a ver si esa demanda se
plantea como algo unilateral por parte de cada Comunidad o
de manera conjunta en el orden del día de esa reunión, que
es el foro adecuado”, señaló la consejera, quien advirtió de
que “dado que se prevé una convocatoria cuanto antes lo
adecuado es hablarlo allí con el Gobierno de la Nación y el
resto de Comunidades y Ciudades Autónomas al objeto de
trazar una sola línea y que las posiciones no se fijen de
manera independiente”.
El saldo del sistema de financiación autonómica de 2008
arrojó un resultado negativo para la Ciudad Autónoma de 1,96
millones de euros. El de la local fue aún peor y sumó algo
más de tres. En suma Ceuta deberá devolver al Estado a
cuenta de los desajustes entre las entregas a cuenta
adelantadas conforme a la previsión errónea de la evolución
económica para ese ejercicio y la realidad de la recaudación
final.
La normativa establece que las Autonomías deben devolver o
“ajustar” (esto es, dejar de recibir cuando las
liquidaciones les vuelvan a resultar positivas, como era
costumbre hasta el estallido definitivo de la crisis) lo
recibido en exceso durante los próximos cuatro ejercicios,
entre 2011 y 2014. Estos mismos plazos son los prescritos
para las entidades locales, aunque su concreción depende de
la negociación del Gobierno central con la FEMP.
La Rioja, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana,
Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Castilla y León y
Galicia han pedido abiertamente una demora en el pago,
mientras que Cantabria y Cataluña se inclinan por pagar y
Asturias, Aragón y Baleares no tienen definida su posición,
según informó ayer la agencia EFE. Madrid, única comunidad
con saldo positivo, aún debe recibir del Estado más de 15
millones.
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CONSEJO DE GOBIERNO
