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El primer semestre de 2010 arrojó un incremento respecto al
mismo periodo del año pasado de las reclamaciones de los
consumidores de un 11,5 por ciento. Un crecimiento que la
Ciudad Autónoma achaca al mayor conocimiento de los
ciudadanos de los derechos que le asisten cuando compran un
producto o servicio.
El consumo se ha retraído con la crisis económica, pero no
así las reclamaciones interpuestas por los consumidores
ceutíes ante los distintos registros de la Ciudad Autónoma.
Así lo explicó a EL PUEBLO el viceconsejero del área, Manuel
Carlos Blasco, quien apuntó que el volumen de reclamaciones
ha experimentado un crecimiento en el primer semestre de
este año respecto al mismo periodo de 2009 de un 11,5 por
ciento, pasando de las 388 a las 433. En términos absolutos,
45 más.
Por sectores, la estadística de Consumo plantea este primer
semestre pocas sorpresas. Los servicios que más quejas
suscitaron volvieron a ser los de telefonía móvil y las
compañías navieras. Sin embargo, mientras en el primero de
los casos las reclamaciones han subido de manera exponencial
de un semestre a otro, concretamente un 34 por ciento, en el
caso de las navieras el incremento es apenas significativo:
un 0,5 por ciento.
En todo caso, Blasco apuntó que estos dos servicios son los
que reciben más reclamaciones porque también son los que más
se utilizan. “A través de la telefonía móvil se pueden
establecer hasta conexiones por internet”, apuntó el
viceconsejero.
Las compañías navieras no sólo son muy utilizadas sino que
son prácticamente ineludibles para trasladarse a la
Península. “Estas circunstancias se prestan a que existan
mayor número de reclamaciones”, continuó Blasco.
La crisis también ha podido tener algo que ver: “Antes no se
reclamaba por nueve euros. Ahora es distinto. Aunque pienso
que el aumento de las reclamaciones se debe sobre todo a que
el ciudadano conoce mejor sus derechos”.
Las reclamaciones tienen dos vías, una vez entran en los
registros generales que la Ciudad tiene en la Policía Local
o el Palacio Autonómico. En la vía ordinaria, es la Ciudad
la que se pone en contacto con la empresa para que esta
rectifique o dé su versión. “Luego si dirime si no es
competencia de los juzgados”, dijo Blasco. La otra opción es
la Junta Arbitral de Consumo, pero pocas empresas están
adheridas.
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