|
Casi la mitad de las mujeres víctimas de violencia de género
de Ceuta son extranjeras y poseen el permiso de residencia o
trabajo. Así lo constata el estudio elaborado por el Centro
Asesor de la Mujer (CAM) con el que la responsable del área,
Mabel Deu, insiste en la reivindicación de un “ajustado”
reparto de fondos dentro del plan de atención integral a las
mujeres que sufren malos tratos del Ministerio de Igualdad.
Dicho programa atiende a criterios poblacionales,
“desproporcionados” en el caso de la ciudad por el alto
número de mujeres transfronterizas que se nutren de estos
recursos en Ceuta.
Muchas problemáticas que afectan a las mujeres inmigrantes
son comunes a la población autóctona en tanto se comparten
unos determinados condicionantes socioeconómicos y
condiciones de vida. No obstante, hay particularidades
específicas de las personas extranjeras que dificultan tanto
su integración social como el acceso a los recursos
existentes.
Estos podrían ser los parámetros que justifiquen que de las
mujeres que sufren violencia de género en Ceuta, el 42,5%
son extranjeras con permiso de residencia o trabajo frente a
un 57,5% que son españolas. Así lo constata el estudio
‘Mujeres transfronterizas en Ceuta: entre la legalidad y la
“ilegalidad”, elaborado por el Centro Asesor de la Mujer (CAM)
con la colaboración de otras entidades no gubernamentales y
organismos de la ciudad autónoma, tales como las centrales
sindicales, los centros educativos o el INGESA. Y que ha
sido la herramienta fundamental con la que la consejera de
Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, ha reivindicado una
partida presupuestaria “más justa” por parte del Ministerio
de Igualdad para tratar esta lacra social en Ceuta. “Si se
tienen en cuenta criterios poblacionales para la
distribución de fondos, debemos hacer alusión al alto
porcentaje de mujeres transfronterizas que se nutren
nuestros recursos en la prevención y lucha contra los malos
tratos y que, evidentemente, no se han tenido en cuenta en
el reparto por autonomías”, insistió Deu.
Según se desprende de dicho estudio, 50 son las mujeres
registradas en el CAM como víctimas de violencia de género
con denuncia interpuesta y orden de protección, con edades
comprendidas entre los 20 y los 60 años aunque la franja en
la que los malos tratos mayor cifra alcanzan es entre los 20
y 29 años. Porcentaje que sube hasta el 67,5% si la franja
de edad es entre 20 y 39 años, por lo que el informe predice
que las mujeres víctimas de violencia de género son muy
jóvenes con cargas familiares ya que solamente tres mujeres
de las cuarenta atendidas no tienen hijos.
Por otro lado, el 42,5% de los casos atendidos son mujeres
extranjeras procedentes de Marruecos salvo dos casos
procedentes de Siria y Ecuador. “Es un dato significativo ya
que a nivel porcentual la población extranjera en la Ciudad
Autónoma de Ceuta supone el 5% de la población por lo que
podemos afirmar que en Ceuta al igual que en el resto de
España la incidencia del maltrato es mucho más elevada entre
la población extranjera”, señalaron desde el CAM. De los 17
casos atendidos que corresponden a mujeres extranjeras, 5 se
encuentran en situación irregular, 13 tienen permiso de
residencia y/o trabajo, en su mayoría el permiso de
residencia comunitario por haber contraído matrimonio con un
español.
Mientras que sólo 2 de los supuestos son mujeres con permiso
de residencia por circunstancias excepcionales, es decir,
extranjeras que cuando interpusieron la denuncia se
encontraban en situación irregular y que por ser víctimas de
violencia de género han obtenido el permiso de residencia.
Más obstáculos que saltar
Los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres
transfronterizas y que han sido detectados por el CAM son
tres: la inestabilidad jurídica, el déficit de competencias
educativas, culturas y lingüísticas, y la carencia de redes
de parentesco, sociales y de amistad, lo que origina en
muchos casos una inseguridad y dependencia con el agresor.
En cuanto al primer eje, las víctimas de violencia de género
encuentran que, por no tener concedida la residencia, no
puede acceder a gran parte de los recursos y ayudas sociales
y conocen su irregularidad, por lo que dejan de acudir a los
organismos e instituciones oficiales. Mientras que la
incomprensión y la desinformación son las principales trabas
y obstáculos que tiene el colectivo.
|
VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE MUJERES
TRANSFRONTERIZAS
