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La Nueva Oficina Judicial, cuya implantación se prevé para
finales de año en la ciudad, traerá consigo una serie de
cambios, no sólo en lo que a gestión de la Justicia se
refiere sino además una innovadora distribución de los
juzgados ceutíes. Así los dos Juzgados de lo Penal pasarán
al edificio Ceuta Center junto con la Audiencia mientras que
los 6 órganos de Primera Instancia permanecerán en Serrano
Orive.
La entrada en vigor del nuevo modelo de Administración de
Justicia está cada vez más cerca en la ciudad autónoma y que
junto a otras autonomías españolas será experiencia piloto
en la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ).
Este innovador organigrama de los mecanismos que facilitarán
el acceso a la Justicia a los ciudadanos, no sólo traerá
consigo una gestión actualidad a la sociedad a través de las
nuevas tecnologías sino también una modificación en el
reparto de los juzgados ceutíes. Así lo muestra el documento
elaborado por el Gestor del Cambio de Ceuta, designado por
el propio Ministerio de Justicia, y facilitado al sindicato
de clase, Comisiones Obreras (CCOO).
Según dicho informe, los dos Juzgados de lo Penal serán
trasladados al edificio Ceuta Center, donde compartirán
espacios con la Sección VI de la Audiencia Provincial de
Cádiz en Ceuta. Por tanto, en la sede judicial de Serrano
Orive se mantendrán los seis órganos de Primera Instancia e
Instrucción y Menores. Por otro lado, los dos Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo serán desplazados a la sede de
Maestranza, por lo que el Juzgado de lo Social pasará a las
instalaciones de la calle Fernández. Y finalmente,
Vigilancia Penitenciaria quedaría situada en las oficinas de
la calle Agustina de Aragón. Todos estos órganos pasarían a
convertirse en Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD),
cuya función es asistir directamente a jueces y magistrados,
estando dotadas con un número reducido de personal.
Sin embargo, lo que preocupa a CCOO es la ubicación de los
Servicios Comunes, por el momento, sin resolver, y cuya
misión es gestionar y apoyar actuaciones derivadas de la
aplicación de las leyes procesales, atendiendo al conjunto
de operadores jurídicos.
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