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El administrador de la empresa familiar Hoarce ha criticado
el trato “prepotente e intimidatorio” de la jefa del
departamento de Suelo y Patrimonio del Servicio Estatal de
Infraestructuras Penitenciarias durante el proceso de la
expropiación de 10.500 metros 2 de suelo de los terrenos
propiedad de la empresa de Hormigones y Áridos de Ceuta en
el Serrallo, que serán destinados a completar la superficie
destinada a la futura construcción del nuevo centro
penitenciario de la ciudad. Pedro Castillo, quien no se
opone a su construcción, se ha visto “impotente” ante el
trato dado por la representante del SIEP.
La sociedad Hoarce se está viendo perjudicada en el proceso
de expropiación para la futura construcción de la cárcel.
Desde que el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de
expropiación forzosa para la urgente ocupación (Ley del 16
de diciembre 1.954), la empresa ceutí sabía que poco más
podía hacer más allá de que el ‘justiprecio’ estuviera más
acorde a la realidad.
Pedro Castillo, administrador de la empresa Hormigones y
Áridos de Ceuta,S.L., no está en contra de la construcción
del nuevo centro penitenciario y se ha mostrado dispuesto a
colaborar “tanto es su ejecución como en cuanto a medios que
pueda aportar y facilitar como empresa, al estar lindando
esos terrenos” pero pide que se le trate “de una manera
justa”.
“La Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias, en
concreto su Jefa del Departamento de Suelo y Patrimonio ha
mantenido en todo momento durante estos dos años un
comportamiento impropio de una representante del Estado, con
una actitud intimidatoria y prepotente, menospreciando en
todo momento los intereses legítimos de la sociedad y
faltando a la verdad “, ha expuesto Pedro Castillo durante
su ‘amargo’ relato de los acontecimientos.
Los terrenos de Hoarce, según figura en las escrituras
públicas, tuvo un coste de 19,06 euros por metro cuadrado y
para la compra la empresa estableció una hipoteca que
actualmente sigue pagando. ”Compra del terreno que supuso el
debido pago de impuesto al Estado por la cuantía de la
adquisición”, apuntó Castillo.
La SIEP le pide a Hoarce el levantamiento de la hipoteca ya
que considera, es un hecho, que los terrenos a expropiar ya
son del Estado y, en contacto con la empresa ceutí, le
informa que el dinero está depositado en la Caja del Tesoro.
Por su parte, Pedro Castillo, pretende cobrar primero y
levantar la hipoteca después, mientras que el Estado
considera que Castillo debe levantar la hipoteca
antes.”Sería de necios levantar una hipoteca sobre un bien
que le ha costado a la sociedad 19,06 euros/m2, para que la
Administración los page a 3,26 euros/2, y además sigo
pagando la hipoteca”, se justifica el responsable de la
empresa ceutí.
Esta situación conforma el nudo gorgiano de un asunto con
“pocas dificultades de solución”, según criterio del propio
gerente de Hoarce. “Con un simple encuentro con la
Administración e imponiendo el sentido común esto estaría ya
solucionado”, apuntó.
Los terrenos de Hoarce, situados en el Serrallo conforman
una superficie total de 38.000 m2, de los que la
Administración ha expropiado 10.500 m2. Es decir el 27% de
su patrimonio, “nunca he pedido dinero a cambio del terreno,
tan solo una parcela similar”, señaló Pedro Castillo.
En las conversaciones mantenidas con los representantes del
SIEP, y en la fase de diálogo, “siempre se consideró la
posibilidad de establecer una hoja de aprecio por parte de
la Administración, más real a los valores de los bienes que
se expropiaban”, argumentaba, el responsable de Hoarce. La
SIEP valoró el precio de los terrenos en 3,26 euros,
mientras que Hoarce realizó una valoración basada en los
costes que le había supuesto los terrenos cuya carga
hipotecaria abona en la actualidad. Al día de hoy la
Sociedad estatal argumenta no haber recibido la hoja de
aprecio, a pesar de haber transcurrido ya doce meses. Y sí
manifestó la intención de ocupar los terrenos, sin más
acuerdos y sin más diálogos “y sin haber recibido un sólo
euro”, añade Castillo.
“La sociedad siempre ha estado dispuesta al diálogo y a la
renuncia de parte de su patrimonio, pero que no le suponga
un quebranto en sus bienes y no altere la estabilidad de los
trabajadores de la empresa” añadió.
La cantera militar
Curiosamente Hoarce se ha visto sometida a los criterios
unilaterales de la Administración con anterioridad en el
asunto de la explotación de la cantera militar de Benzú,
hecho que el tiempo y la justicia le han venido dando la
razón, tras quedar anulada la adjudicación directa que se
otorgó en su día a Cantesa. La Justicia ha puesto las cosas
en su sitio, aunque ya el daño estaba hecho. Este ha sido el
antecedente “más sangrante”, recuerda Castillo. La
adjudicación directa por parte del Ministerio de Defensa de
la Cantera militar de Benzú a Cantesa, sin darle opción a su
concurrencia en un obligado concurso público ha resultado
dañina a los intereses de la empresa ceutí. “Hecho éste que
dio lugar -recuerda- al monopolio actual de los áridos de
cantera en la ciudad”, lo que ha obligado a Hoarce a
importar este producto desde la península, con unos costes
adicionales que se están soportando, “en una clara
desventaja con quien se ha beneficiado de una ilegalidad
administrativa, con sentencia reciente(14-07-2010) por la
que quedaba anulada aquélla vergonzosa adjudicación”,
concretó el responsable de Hoarce.
Hoarce, por no dejar desabastecida a la Ciudad Autónoma y su
desarrollo optó por importar áridos desde la península, dado
que la actual explotadora de la cantera militar, se niega a
venderles áridos, “formalizando así su estrategia
monopolizadora del mercado”, añade.
La salida hacia delante para darle continuidad al negocio y
mantener los más de 40 trabajadores ceutíes le llevó a
importar este producto de la península, “lo que acarrea unos
costes muy superiores a los áridos extraídos de la cantera
militar de Benzú”. Pedro Castillo cuantifica pérdidas de
entre 40.000 y 60.000 euros mensuales para intentar mantener
precios en el mercado ceutí.
La sentencia anulatoria de la irregular adjudicación, que se
encuentra en proceso de quedar firme, acarreará sin duda, un
proceso posterior de daños y perjuicios, según el despacho
jurídico que lleva los asuntos de Hoarce contra el
Ministerio de Defensa.
“ Es bastante triste que los problemas de la sociedad se
deban a injusticias cometidas por la Administración”.
“Hoarce seguirá en pie porque es una empresa formada por
trabajadores honrados y luchadores”, vaticinó Pedro
Castillo.
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expropiación
