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El SIEP ya ha ocupado los terrenos que expropió a Hoarce
después de que ayer por la mañana accediera a ellos
acompañados por la Guardia Civil en un acto calificado por
los representantes de la empresa familiar ceutí como de
“soberbia y de fuerza” por parte de la Administración que ha
optado por esta forma de hacer las cosas “antes que dar
rienda al entendimiento y al diálogo”. La Guardia Civil, a
instancias de Hoarce, identificó a los miembros del SIEP y a
la empresa de movimientos de tierras.
“Se ha impuesto la fuerza al dialogo. La soberbia al
entendimiento”. Así se expresaba ayer el administrador de la
empresa Hoarce, Pedro Castillo sobre la entrada de los
representantes del SIEP y de las máquinas para el movimiento
de tierras de la empresa adjudicataria por el Estado para el
allanamiento de terrenos donde se ubicará la futura nueva
prisión de Ceuta.
La empresa Hoarce había recibido el día anterior un acta
notarial en el que se daba cuenta de la ocpuación por parte
del SIEP de los terrenos exporpiados a la empresa ceutí. Un
acta notarial que se ejecutó sólo horas después “sin el
debido margen de tiempo para la oportuna contestación”,
según indica Castillo.
Dicho y hecho, los representantes del SIEP acompañados por
varias unidades de la Guardia Civil “sin dar notificación
alguna a la empresa” irrumpieron en los terrenos de Hoarce
expropiados por el SIEP.
Ante la situación generada y dado el hecho de que no existía
orden por escrito, o notificación a la empresa, por parte
del SIEP, “ni siquiera de un juez”, se requirió a la Guardia
Civil para que identificara a todos los presentes
(representantes del SIEP y de la empresa de movimiento de
tierra) “para futura acciones judiciales que pueda emprender
Hoarce”. Sobre todo, teniendo en cuenta que una vez las
máquinas en el interior, rompieron el vallado de protección
del perímetro de seguridad, “dejando las instalaciones
indefensas”, explica Castillo.
“Sólo hicieron un agujero y se fueron”, dice el responsable
de Hoarce, lo que indica, según él, “un acto de poder y de
autoridad”, sin que -de momento- esa superficie les sea
necesaria para la ejecución de la obra que se lleva a cabo.
Desengañado y dolido
Pedro Castillo se siente “muy dolido con los representantes
electos del pueblo de Ceuta quienes no se han preocupado por
la situación que vive la empresa ni cómo quedan 42 padres de
familia que se verán afectados en un futuro por la actitud
de la administración”, criticó.
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sociedad estatal de instituciones
penitenciarias
