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La falta de espacios y el desorden ya existente en los
juzgados ceutíes debilitan la custodia de las pruebas
judiciales necesarias en cada procedimiento de investigación
en busca de la verdad. Y ello porque Ceuta carece de un
depósito judicial centralizado; no hay un almacen ni
dependencia destinada a este único fin por lo que las
pruebas se reparten por cada órgano. Motivo por el que una
nueva norma ha entrada en vigor esta misma semana a través
de la cual los secretarios judiciales deberán seguir unas
pautas comunes en lo que a gestión y depósito, de lo que se
conocen como piezas de convicción, se refiere.
Millares de objetos, documentos y bienes que sirven de
pruebas en un procedimiento judicial se encuentran
distribuidos por los juzgados ceutíes visitando cada planta
del edificio de Serrano Orive o incluso partiendo hacia la
Sección VI de la Audiencia Provincial. Todo ello ante la
falta de un depósito judicial centralizado del que Ceuta
carece al no haber más espacio destinado a dicha
Administración e incrementando el desorden denunciado en
cientos de ocasiones por las centrales sindicales.
Dependiendo del momento en el que se encuentre el
procedimiento judicial, dichas pruebas pasan por unas u
otras manos, funcionarios, secretarios judiciales, jueces
que en sus mismas dependencias van alojando, de manera
intermitente, lo que se conocen como piezas de convicción.
Esto es, todo objeto que haya sido ocupado, intervenido o
decomisado con motivo de un procedimiento penal y puesto a
disposición de la autoridad judicial. Ligada a esta
situación provisional, donde las cajas y cajas se van
remontando entre suelos, estanterías y escritorios, una
nueva Instrucción ha entrado en vigor el pasado día uno
mediante la cual “todos los secretarios judiciales tendrán
que actuar bajo unas pautas comunes en su función de
documentadores del procedimiento y encargados de la custodia
de estas piezas”, tal y como se desprende de dicho documento
firmado por la secretaria de Gobierno de Justicia en Ceuta,
Josefa Vilar.
Joyas, dinero, vehículos, documentos falsificados, trajes de
neopreno, embarcaciones acuáticas y móviles son algunas de
estas pruebas que durante la instrucción suelen estar
almacenadas o custodiadas en los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción que sean competente en cada caso,
para pasar más tarde a manos de los Juzgados de lo Penal,
que serán los que resolverán la causa. Pero, ¿cómo se
guardan y dónde permanecen estas piezas?.
“Una vez acreditada la coincidencia de los objetos que se
dicen entregados por la Policía Judicial se procederá a
etiquetar las piezas de convicción con el número de
identificación general y el número de procedimiento
inicial”, se desprende de la nueva Instrucción 4/2010, en
relación a la gestión y depósito de las piezas de
convicción.
Pero la naturaleza de estas pruebas también determina el
lugar donde pueden ser custodiadas ya que, cuando se trata
de objetos más voluminosos, pueden permanecer en los
archivos judiciales pero hay determinadas piezas que tienen
prohibida su entrada en dichas instalaciones.
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Los archivos, espacios de almacenado en los que está
prohibido la entrada de armas, droga o restos orgánicos
Además de los vehículos o el
dinero que interviene la Policía Judicial como causa de una
investigación, hay determinadas pruebas que tampoco pueden
acceder al almacenado en los juzgados ni a los archivos
judiciales cuando son voluminosas. Según dicta la
Instrucción, ni en un lugar ni en otro pueden permanecer los
restos orgánicos, humanos o animales; la droga, las
sustancias tóxicas o venenosas, las corrosivas o
inflamables, las armas de fuego, reales o simuladas, y las
armas prohibidas de acuerdo con el Reglamento de Armas y
Explosivos. En el caso de estas últimas, quedan depositadas
en la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Mientras
que las muestras se sangre o tejidos quedarán a disposición
del médico forense. Las sustancias estupefacientes, por su
parte, se mantendrán a manos de la policía judicial hasta la
entrega al servicio, organismo o institución que tendrá que
analizarla. El depósito de vehículos intervenidos se ubica
en Benzú mientras que el dinero decomisado queda bajo la
supervisión de la sucursal Banesto, con cuentas abiertas por
cada procedimiento judicial.
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