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A pocas semanas del cierre del ejercicio 2010, el presidente
de la Audiencia Provincial calcula que los 361 autos
dictados el 1 de diciembre se convertirán en 400 cuando
acabe el año. Además, se han resuelto 66 apelaciones a
juicios de faltas y 60 contra sentencias de los juzgados de
lo penal. El presidente de la Audiencia espera la
implantación de la nueva Oficina Judicial en el segundo
trimestre de 2011.
La sección de la Audiencia Provincial con sede en Ceuta
dictará este año 2010 unos 400 autos en respuesta a los
recursos contra las sentencias de los juzgados y para
formalizar las ejecutorias de sentencias, según informó su
presidente Fernando Tesón. La estimación se basa en los 361
autos dictados el 1 de diciembre cuando solo quedaba un mes
para el cierre del ejercicio anual.
En la jurisdicción civil, la Audiencia calcula que se verán
unos 100 asuntos procedentes de los juzgados de Primera
Instancia. Los tiempos de crisis económica son proclives al
incremento de las reclamaciones judiciales por impagos y
procedimientos de Menor o Mayor Cuantía, pero Tesón matizó
que, de momento, en Ceuta no hay elementos para concluir que
se produce un incremento destacado en esa materia.
Por otro lado, el tribunal llevaba resueltas 66 apelaciones
a juicios de faltas de los juzgados y 60 apelaciones a
sentencias penales a principios de este mes.
La mayor parte de las diligencias penales que van a juicio
en los dos juzgados de lo penal siguen siendo por estancia
ilegal en España, seguidas de los casos de tráfico de drogas
a pequeña escala.
Fernando Tesón valoró positivamente la implantación del
sistema informático Minerva, del Ministerio de Justicia, que
sustituye a la mecánica anterior de trabajo que obligaba a
usar equipos informáticos del Ministerio de Justicia, parte
del software de la Junta de Andalucía y, además, sin
coordinación con los juzgados.
Los 19 órganos judiciales ceutíes esperan la implantación de
la nueva Oficina Judicial diseñada por el Ministerio de
Justicia en el segundo trimestre de 2010. El nuevo modelo
descarga a los jueces de tareas administrativas y los centra
en sus funciones jurisdiccionales. Los secretarios pasarán a
coordinar la UPAD (Unidad Procesal de Apoyo Directo) con un
gestor y un tramitador a su cargo. El resto de los
funcionarios integrarán los servicios comunes.
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