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Si el interrogatorio a la primera acusada, madre de la
menor, fue exhaustivo, más duro aún fue el realizado a la
segunda imputada y psicóloga que atendió a la niña en aquel
2003, cuando esta tenía 5 años.
Según la procesada, conoció a la pequeña cuando con apenas
un año, en 1998, mientras su madre acudía al despacho de
abogados para realizar los trámites del divorcio. “Fue mi
compañero quien me pidió que le hiciese una exploración
psicomotriz”, aclaró la psicóloga. Luego, ya ese 2003, “ella
llamó para pedir cita porque había visto que su hija no
comía, se aislaba, no dormía y estaba muy agresiva”. Según
indicó la acusada, de las primeras sesiones con la menor y
la madre dedujo que la evolución conductual de la pequeña no
era normal aunque a los meses, concretamente a inicios de
julio y a escasos días de la denuncia, la psicóloga advirtió
haber visto indicadores de que el abuso se había producido.
“Yo creí firmemente que la niña estaba siendo víctima de
abusos sexuales por parte de su padre, y eso representaba un
importante riesgo intelectual. Ella me contaba cosas de alto
contenido sexual y los dos indicadores básicos de detección
son el relato y la conducta sexualizada, que cumplía la
menor”.
Sin embargo, la paciente no volvió a la consulta hasta
septiembre de ese mismo año y sólo en una ocasión. Motivo
que el abogado de la acusación particular aprovechó para
cuestionar si, existía tal peligro, por qué la niña no fue
sometida a terapia para las posteriores secuelas. “Yo
advertí a su madre pero ella decía que nadie la creía puesto
que habían archivado la denuncia. Pero, en ningún momento,
tomé parte en la cuestión ni me pagaron para que en el
informe se corroborasen estos problemas que presentaba la
menor”, añadió.
La metodología utilizada tanto para elaborar el informe
psicológico como las pruebas practicadas a la menor para
investigar si habían existido tales prácticas subieron de
tono los interrogatorios ya que tanto la Fiscalía como la
acusación particular pusieron en tela de juicio la validez
profesional de la psicóloga entendiendo que “el informa
pericial sólo se basaba en entrevistas y juegos de rol con
la menor sin incluir ningún test de vulnerabilidad ni
veracidad, indispensables para conocer si la niña estaba
diciendo la verdad y herramientas que utilizaron los
forenses del juzgado para determinar que la menor nunca
había sido sometido a los abusos”.
Y firme y convencida de su práctica profesional, la
encausada acentuó que su labor era clínica y que la “batería
de instrumentos” utilizados por los forenses no le
correspondían. Pero “una niña no puede fabular de tal
,manera algo que no ha visto o vivido, y dudo mucho que haya
películas de tal contenido y que haya visto una menor”,
apostilló.
Tras una larga sesión de interrogatorios, la jueza del Penal
tuvo que suspender el juicio hasta el próximo 20 de enero
donde pasarán por el estrado el padre de la pequeña y seis
testigos más.
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juicio
