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La organización de Enseñanza de UGT ha notificado al
presidente de la Junta de Personal Docente, Juan Luis
Aróstegui, su intención de anular la reunión del pasado 14
de diciembre, fecha en la que se llevó a cabo la elección de
Aróstegui. Para los ugetistas, es inadmisible que la
convocatoria se entrega el día anterior y no con 72 horas de
antelación.
El sindicato FETE-UGT se unió ayer a la organización CSI-F,
que presentó su solicitud de impugnación el pasado 16 de
diciembre. Los ugetistas, a través de un comunicado enviado
ayer, indicaron que los trámites para impugnar la
constitución de la nueva Junta de Personal Docente ya se han
iniciado y que, por tanto, la presidencia de Juan Luis
Aróstegui continúa en el aire.
La polémica se originó como consecuencia del aviso de FECCOO,
sindicato organizador de la reunión, con sólo un día de
antelación. Dicha circunstancia, en opinión de UGT, ha
provocado un incumplimiento del artículo once del Reglamento
de la Junta, puesto que la convocatoria fue entregada por
una representante sindical de FECCOO en la sede ugetista
durante la mañana del 13 de diciembre, y no como debería
haber sido: por escrito y en la dirección indicada por cada
sindicato con 72 horas de antelación. Por este defecto de
forma, la representación dirigida por Francisco Lobato no
acudió a votar ya que, “se les hurtó el derecho legítimo a
participar en la constitución de la Junta y en la elección
de sus cargos”.
Para UGT, la poca antelación del aviso y el mal horario
fijado para la reunión, las 12:00 horas del 14 de diciembre,
impidió que varios delegados ugetistas no pudieran asistir
por motivos laborales. Según el comunicado, el secretario
general, Francisco Lobato, informó a FECCOO de esta
situación el 13 de diciembre. Además, solicitó una nueva
fecha para el Pleno, a una hora donde todos los delegados
pudieran estar presentes, puesto que faltaba la mitad de la
representación ya que UGT y CSI-F obtuvieron, en las
elecciones del 2 de diciembre, diez delegados
(convirtiéndose en el sindicato más votado) y uno,
respectivamente.
Desde FETE-UGT, estos hechos se han convertido en un “ataque
a la unión sindical que, al menos nosotros, entendemos como
consenso y no como acatamiento de las imposiciones
unilaterales de su presidente en funciones”, señalaba el
comunicado.
La Dirección Provincial de Educación será quien decida al
respecto. Sin embargo, desde CCOO indican que la resolución
tendría un proceso de más de dos años de duración.
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