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La Asamblea de Melilla aprobó ayer de manera inicial el
nuevo Reglamento del Registro Público de demandantes de
viviendas protegidas de la ciudad, que permite una mayor
transparencia en la concesión de este bien patrimonial e
impedir la aparición de problemas cuando deban ser
transmitidas. Este asunto sólo contó con los votos a favor
del PP, ya que PSOE y Coalición por Melilla (CPM) votaron en
contra.
Los dos grupos de la oposición querían posponer la
aprobación de este reglamento para disponer de más tiempo
para analizarlo y debatirlo con mayor profundidad en la
Comisión de Fomento, máxime cuando los tres partidos estaban
prácticamente de acuerdo en el fondo de la cuestión.
El portavoz socialista, Dionisio Muñoz, se preguntó la razón
de tanta “urgencia” para aprobar este reglamento que, si
bien “llega tarde”, requiere una mayor atención en
“determinados contenidos” para mejorar su redacción y
asegurar las garantías para los usuarios de este servicio.
Además, Muñoz criticó que el nuevo reglamento entraña
complejidades a la hora de interpretar algunos de sus
apartados y, además, no apuesta por el uso de las nuevas
tecnologías, a pesar de que el Gobierno melillense se erige
como “el adalid” de este tipo de sistemas. En este sentido,
consideró que la tramitación para solicitar una vivienda
social debería llevarse a cabo de manera telemática para no
seguir funcionando “como hace 20 años”. El PSOE, al igual
que CPM, insistió en la necesidad de mejorar el articulado
de este reglamento para “ganar en seguridad jurídica para el
administrado y también para la Ciudad Autónoma”, máxime
cuando el Gobierno local “ha sido reprendido por varios
tribunales para que haga las cosas mejor de lo que lo viene
haciendo”, dijo el líder socialista. En este sentido, tanto
Muñoz como el diputado de CPM Abdelrahem Sellam recordaron
que la Justicia “ha echado por tierra” varios de los
reglamentos que ha elaborado, y recientemente ha detectado
irregularidades en la concesión de dos viviendas sociales.
Asimismo, el cepemista lamentó que la Consejería de Fomento
no haya tenido en cuenta las aportaciones de los grupos de
la oposición, e insistió en que el asunto se deje sobre la
mesa para mejorar el reglamento y alcanzar así la
unanimidad, lo que le otorgaría una mayor transparencia.
Según dijo, esta decisión no sería obstáculo para aprobar
“con celeridad” este nuevo reglamento. El consejero de
Fomento, Rafael Marín, rechazó las críticas de la oposición,
a la que recordó que ha contado con seis meses para analizar
y estudiar en profundidad este reglamento.
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NORMATIVA
