OPINIÓN - VIERNES,21 DE ENERO DE 2011

Aróstegui: gravísimas acusaciones contra los ceutíes

Por Nuria de Madariaga

En fecha de ayer y en un singular artículo publicado en el diario El Faro, Juan Luis Aróstegui de la coalición Caballa, lanzaba durísimas acusaciones contra los ciudadanos de Ceuta. Según los cálculos de este sindicalista, diez mil personas de ideología conservadora son “fanáticos” y “a ellos se suman los doce mil votos del racismo trashumante”.

Es decir, en Ceuta existen diez mil fanáticos y doce mil racistas. Y de estos últimos especimenes añade que “Un sector muy amplio y muy influyente de la sociedad ceutí, tiene como única referencia de la vida política una disparatada y delirante cruzada contra los musulmanes”. La impresión que causan la lectura de estas imputaciones en una persona que no es de Ceuta, como es el caso de esta analista, es nefasta. Porque significa que veintidós mil personas presentan comportamientos reprobables que rozan o inciden directamente en el delito. Muy mala imagen para la ciudad. Siempre que fuera cierto y no una simple elucubración, absolutamente imprudente y que traspasa con amplitud los límites de las libertades de expresión y de opinión para entrar directamente en el terreno de nuestras Leyes Penales.

Diez mil ciudadanos han sido tachados de “fanáticos” y este calificativo es claramente vejatorio y humillante, implica menosprecio y tilda a esos ciudadanos de presentar unas características reprochables y un comportamiento inadmisible en un sistema de libertades y además lo hace por escrito y con publicidad, lo que agravará la querella por injurias. En la que ha de incluirse aunque en imputación más leve el tachar al pueblo de estar afectado por un “singular masoquismo colectivo” que entraría en el supuesto de la difamación ya que presume que, ya que el masoquismo es una patología psiquiátrica, la inmensa mayoría de los ceutíes presentan graves alteraciones mentales. Esa aseveración escrita daña la imagen de la ciudad y de sus habitantes. Difamatorio, vejatorio, humillante, ofensivo, he aquí los ingredientes de la futura querella en la que lógicamente, se solicitará una responsabilidad civil y no hablemos de responsabilidades civiles subsidiarias.

Pero, la segunda acusación es más grave aún ya que existen doce mil racistas y un sector amplio e influyente a modo de caballeros cruzados contra los musulmanes. Es sabido que, en la querella por calumnias, existe la exceptio veritatis, por lo que espero que, el señor Aróstegui cuente con pruebas claras y cumplidas sobre las que basar la acusación de comisión de un delito por parte de doce mil ceutíes y de los caballeros templarios locales. Porque el racismo es delito. Y Aróstegui está realizando una imputación delictiva contra miles de personas que, lógicamente, no se van a quedar calladas ni se van a conformar con ser tachadas de “delincuentes”. La querella por calumnias graves con publicidad está ya en marcha, los hechos son claros, los fundamentos de Derecho son transparentes y aún no es seguro si ambas acciones penales, la de injurias y las de calumnias irán juntas o por separado, falta oír la voluntad de los miles de ceutíes agraviados y perjudicados en su honor y en su imagen.

No obstante, las imputaciones no acaban en la distinción social y de conductas delictivas de los fanáticos y los racistas, sino que continúan en una catarata de descalificaciones e imputaciones aterradoras, de tal calibre que me he llegado a preguntar si, el Fiscal jefe, no estará estudiando la incoación de Diligencias contra toda la ciudad de Ceuta. Al Presidente Vivas le acusa de “aceptar que el origen de su voto está en un comportamiento racista”. Aseveración calumniosa. Y más aún cuando habla que, la conjunción entre “fanáticos y racistas” constituye un “blindaje que provoca una enorme perversión” Acusación difamatoria. Habla de “hechos deleznables y comportamientos reprobables”, los hechos deleznables pueden tener relevancia penal y los comportamiento reprobables también, es difamación. A no ser que especifique con claridad cuales son esos “comportamientos” dignos de reproche y entonces entraríamos en la calumnia o en la injuria.

Judicializar la vida política nunca es positivo, porque se pierde el tiempo que se podía dedicar a otros asuntos más relevantes. Pero, en estos casos, donde las acusaciones salpican a miles de ciudadanos a quienes se agravia y vitupera injustamente, en estos supuestos sangrantes, solo cabe la respuesta penal más rigurosa por parte del Gobierno ceutí, obligado moralmente, en el fondo y en la forma, a “dar la cara” por el pueblo que ha sido arrojado “a los pies de los caballos”.

Hay que analizar el artículo para determinar el grado de crispación que estas imputaciones contra veintidós mil ceutíes puede generar en el colectivo musulmán. Burda estrategia la de tratar de arañar el voto musulmán denunciando una “cruzada” en su contra por parte de los “doce mil racistas” ¿Qué se pretende con ello? ¿Calentar el panorama y que empiecen los conflictos a partir de acusaciones falsas? Eso es una maldad. Crispar a la gente es malvado y curiosamente este escrito tan peculiar a la vez que inadmisible, viene a coincidir con la celebérrima “Ley Mordaza” que andan fraguando a nivel central para acallar a los críticos, pero que, en su exposición, anuncia que castigará con dureza a quienes “generen crispación social”. Y ¿Hay mayor crispación que acusar de racistas a miles de ceutíes con el riesgo de que, en una ciudad que es un modelo de armonía y de convivencia, un crisol de culturas, prenda la mecha y haya un enfrentamiento?.

La imprudencia y la frivolidad son inadmisibles en el desempeño de la función política y las aseveraciones calumniosas e injuriosas que pueden suponer una confrontación entre ciudadanos, “marcando” como racistas a nada más y nada menos que a doce mil ceutíes y de cruzados “antimusulmanes” a sectores “amplios e influyentes”, esas afirmaciones, suponen un peligro social.

Por ahí no. Por ahí no puede, ni debe, ni va a desarrollarse ninguna campaña política. Mecanismos legales existen de sobra en nuestro ordenamiento jurídico como para atajar ese tipo de conductas que suponen un riesgo para toda la comunidad. Y contra comportamientos ilícitos, respuestas legales. Por el bien de todos. Por coherencia para con los ciudadanos de quienes se pregona una indigencia moral y ética y una tendencia delictiva. Por la más elemental justicia. Con el pueblo de Ceuta, por ahí no.