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Las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta han acordado
conceder al Gobierno central un “compás de espera” de no más
de tres semanas para que cumpla su compromiso sobre el
aumento de la bonificación a las cuotas patronales de la
Seguridad Social al 50 por ciento y hacerla extensible a más
sectores económicos de los cuatro que se benefician en la
actualidad de este descuento (comercio, industria, turismo y
hostelería). El portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel
Conesa, informó de que la concesión de este plazo al
Ejecutivo central fue uno de los acuerdos principales a los
legaron los consejeros Ceuta y Melilla.
En concreto, según explicó Conesa, las dos Ciudades
Autónomas esperarán ese plazo de tres semanas para que el
Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados materialice
su firma en el texto de la iniciativa legislativa que ya ha
sido elaborado por los dos Gobierno autónomos para que sea
presentado de forma conjunta con el PP.
En el caso de que el Gobierno no cumpla ese compromiso, dado
por el ministro y el secretario de Estado de Política
Territorial, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías,
respectivamente, supondría “un nuevo engaño” del Ejecutivo
socialista a las dos ciudades, que se sumaría al de la
mejora del transporte y los grupos de trabajo sobre el
Régimen Económico y Fiscal y el tratamiento preferencial en
la Unión Europea.
Además, eso “dificultaría enormemente” que este asunto, en
el que el PP y el PSOE están de acuerdo, pudiera tramitarse
antes de que finalice la actual legislatura, que es lo que
pretenden Ceuta y Melilla.
Conesa apuntó que las dos Ciudades Autónomas conceden este
plazo de tres semanas al Gobierno como una “prueba de buena
voluntad”, pero con “escasa confianza”, de modo que si el
Ejecutivo no cumpliera el PP seguirá de forma unilateral con
el tema presentando la iniciativa legislativa en el Congreso
de los Diputados.
Precisamente eso era lo que ya habían decidido los diputados
nacionales de Ceuta y Melilla, Francisco Márquez y Antonio
Gutiérrez, respectivamente, aunque el PP ha decidido
paralizar sus gestiones en la Cámara Baja tras la llamada de
Zarrías a Vivas el pasado miércoles.
Además de este asunto, en la reunión constitutiva del grupo
de trabajo de los consejeros de Economía y Hacienda de Ceuta
y Melilla celebrada el jueves también se abordaron otras
cuestiones, como la aspiración de ambas ciudades por
modernizar el IPSI, que “ha cumplido una buena función”
desde 1996, pero que “tiene múltiples defectos”.
El objetivo de ambos Gobiernos regionales es que la nueva
figura impositiva a la que aspiran tenga una estructura “lo
más parecida” al IVA, pero con unos tipos más reducidos,
similares a los que tiene en la actualidad el Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC). Conesa insistió en que
este objetivo de modernizar el IPSI tiene “múltiples
vertientes” de tipo técnico, legal, fiscal, etc., razón por
la que las dos Ciudades Autónomas han decidido encargar un
estudio en profundidad a empresas consultoras especializadas
de nuestro país. Sobre este asunto, Conesa dijo que el
objetivo de Ceuta y Melilla es no adoptar ninguna decisión
hasta que esté “lo suficientemente madura”, al igual que
ocurre con la aspiración de ambas Ciudades Autónomas de
entrar en la Unión Aduanera. El objetivo es lograr esa
modernización del IPSI evitando que se puedan producir
efectos negativos como un aumento de la presión fiscal,
pérdidas en la recaudación o perder la garantía del IPSI que
Melilla y Ceuta tienen en la actualidad.
Por ello, Conesa avanzó que este tema ocupará “varios
meses”, ya que también será necesario que los Gobiernos de
Ceuta y Melilla hagan partícipes de esta medida a los
agentes económicos y sociales de ambas ciudades. Según
calculó, hasta finales de este año no habrá una “decisión
madura” en esta cuestión. Sobre la entrada en la Unión
Aduanera, el portavoz de la Ciudad Autónoma explicó que
existe “una cuestión fundamental”, que es el compromiso del
Gobierno central, ya que será quien deba interceder por las
dos ciudades ante la Unión Europea.
Por ello, Conesa comentó que antes de acudir a Bruselas con
una decisión sobre este asunto, Ceuta y Melilla tendrán que
negociar primero con el Gobierno central para ver las
posibilidades de que esto se lleve adelante y, una vez
superado este trámite, conocer la predisposición de la Unión
Europea sobre la posibilidad de alcanzar un modelo de
integración para las dos ciudades.
Mientras tanto, los Gobiernos de Ceuta y Melilla seguirán
analizando los estudios que ambos tienen sobre las ventajas
e inconvenientes que tendría la entrada de las dos ciudades
en el cordón aduanero.
Oficina en Europa
En la reunión del pasado jueves, los consejeros decidieron
elaborar un convenio, que será firmado en su próximo
encuentro, dentro de un mes, aproximadamente, para la puesta
en marcha de una oficina conjunta de Ceuta y Melilla en
Bruselas.
En este convenio se determinarán los gastos que tendrán que
compartir los dos Gobiernos, las personas que serán
contratadas y los asesoramientos técnicos necesarios para
que esta oficina sea “útil” a los intereses de ambas
ciudades. Mientras tanto, Conesa recordó que Ceuta y Melilla
utilizarán la oficina de la Región de Murcia en Bruselas, y
no descartan que puedan hacer lo mismo con la de Andalucía
en caso de que se produzca un cambio de color político en su
Gobierno, dado que el ofrecimiento fue realizado por el
presidente del PP andaluz, Javier Arenas, en su última
visita a Melilla.
IRPF y Sociedades
Por último, los consejeros ceutíes y melillenses decidieron
seguir sacando “aspectos parciales” de la reforma del
Régimen Económico y Fiscal, entre ellos las cuestiones
relativas al IRPF y el Impuesto de Sociedades, sobre el que
las Ciudades Autónomas no renuncian a adoptar determinadas
medidas incluso de tipo parlamentario para intentar
modificar la normativa de la normativa que regula ambos
impuestos en el sentido de incrementar las deducciones del
50 por ciento actual al 75, teniendo en cuentas “las
peculiarísimas características de ambas ciudades”.
Al hilo, comentó que Ceuta y Melilla quieren que se aclare
cómo debe aplicarse la bonificación del Impuesto de
Sociedades sin que dé lugar a “interpretaciones arbitrarias”
como ocurre en la actualidad. “Hay que dejar muy claro
cuáles son los rendi
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