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Uno de los mayores operativos policiales contra el
narcotráfico a gran escala inició su investigación en Ceuta
en 2009, gracias al trabajo de la Udyco de la Jefatura de
Policía. En la fase de detenciones, los agentes contaron con
el apoyo de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Estas se
produjeron en diversas provincias españolas por lo que el
juez de Ceuta entendió que debía instruir y juzgar la
Audiencia Nacional. Pero este órgano judicial devolvió la
causa y el magistrado ceutí planteó una cuestión de
competencias que solo puede resolver el Tribunal Supremo. De
los 32 detenidos, solo quedan en prisión 12 de ellos.
El Tribunal Supremo será el que decida si el caso por
tráfico de drogas conocido por ‘Operación Duquesa’, del que
EL PUEBLO informó en mayo de 2010 y en el que hay imputadas
32 personas detenidas en diversos puntos de España, con
diversos alijos de hachís que sumaron más de 8.000 kilos, se
instruye y juzga en la Audiencia Provincial de Ceuta o en la
Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, que se hizo
cargo del caso cuando la Policía Nacional ‘reventó’ el
operativo entre julio de 2009 y mayo de 2010, se inhibió el
pasado verano en favor de la Audiencia Nacional, pero esta
dictó un auto el 10 de septiembre en el que no aceptó
hacerse cargo de las diligencias judiciales al entender que
había un solo distribuidor, el marroquí que dirigía las
operaciones con Ceuta como base, pero existían “múltiples
organizaciones en diversas provincias”.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la
Audiencia Nacional, que dictó ese auto, interpretó que todas
las audiencias provinciales de los sitios en los que hubo
detenciones eran competentes para enjuiciar a diversos
grupos de arrestados por tráfico de drogas. Los 33 detenidos
fueron a apresados en diversas localidades de las provincias
de Cádiz, Huelva, Sevilla, Murcia y Barcelona.
Posteriormente, la Fiscalía emitió un informe en el que
apoyó al juez instructor cuando este planteó una cuestión de
competencias al Tribunal Supremo. El alto tribunal analiza
desde finales de septiembre pasado los 20 tomos de las
actuaciones judiciales y tendrá que decidir si el caso se
queda en Ceuta o debe ser instruido y enjuiciado en la
Audiencia Nacional.
La investigación del caso partió de la Udyco de Ceuta que
detectó que un hombre investigado en la ciudad proveía de
teléfonos móviles, trajes de neopreno y GPS a la
organziación que dirigía un marroquí desde Valencia. Este,
presuntamente, distribuía grandes cantidades de hachís.
Además, se detuvo en esa misma ciudad a un guardia civil
ceutí.
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El guardia civil ceutí salió en libertad provisional
Fuentes judiciales informaron de
que el agente ceutí detenido fue puesto en libertad bajo
fianza de 60.000 euros el pasado mes de diciembre. Su
arresto se había producido en Isla Cristina (Huelva) por
miembro de la Udyco de Ceuta que acudieron a apresarle en
compañía de miembros de la Policía Judicial de la Guardia
Civil. Los investigadores sospecharon que este guardia era
un hombre de confianza del jefe marroquí de la organización.
Por otro lado, a finales de noviembre o principios de
diciembre, salió a la calle también el presunto ‘capo’ de la
red. En este caso, quedó en libertad provisional bajo fianza
de 150.000 euros.
Las capturas de alijos de hachís se produjeron en El Rompido
(Huelva) 300 kilos, Tarifa (Cádiz) 300 kilos, autopista
Cádiz-Sevilla 800 kilos, El Pulpí (Almería) 3.600 kilos y
Lebrija (Sevilla) 500 kilos.
La nota que dio la Policía Nacional informó de que a los
cargamentos anteriores se sumaron otros sumando en total más
de 8.000 kilos de droga.
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tribunal supremo
