OPINIÓN - SÁBADO, 26 DE FEBRERO DE 2011

El compromiso socialista con el Estado de Bienestar

Por PSOE Ceuta

Ayer, el Presidente del Gobierno reiteró ante el Pleno del Congreso de los Diputados el compromiso de los y las socialistas con las políticas sociales, con la igualdad de oportunidades, con el acceso a los servicios básicos y con la protección de las personas más frágiles. Un compromiso que parte del modelo logrado en España a lo largo de los últimos treinta años y en el que los y las socialistas hemos tenido un protagonismo relevante a la hora de llenar de contenido el mandato constitucional de construir un Estado social.

Así fue entre 1982 y 1996 con la Ley General de Sanidad; con la extensión del derecho a una educación pública y gratuita hasta los 16 años, mediante la LODE y la LOGSE; con la Ley de integración social de los minusválidos que se completó posteriormente con la Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad; con la Ley de racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez; la Ley de pensiones no contributivas que significó un avance fundamental en la protección de las personas mayores más necesitadas y de la que se benefician hoy más de 450.000 jubilados, de los cuales un 70% son mujeres, y con el Pacto de Toledo de 1995 que estableció el marco de consenso para abordar las reformas del sistema público de pensiones.

Tras el paréntesis que supusieron para las políticas sociales los ochos años de los Gobiernos del PP, en 2004, durante el discurso de investidura, José Luís Rodríguez Zapatero explicitó su compromiso preferente de ampliar los elementos clásicos del Estado de Bienestar, al tiempo que se comprometió en la conquista de nuevos espacios, de manera singular en la atención a la dependencia y en las normas a favor de la igualdad y de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y si este impulso reformista se mantuvo durante los años de bonanza económica, en estos momentos, cuando la crisis ha afectado con dureza a muchos ciudadanos, el Gobierno socialista ha velado por el mantenimiento de la cohesión social.

De esta forma, las rentas de apoyo a los más desfavorecidos comenzaron a crecer más rápidamente que en el pasado, cuando no a recuperar el terreno perdido en los años previos. Desee 2004, las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo ha sido del 27% y en el caso de viudas con cargas familiares del 50%; el SMI ha pasado de 460 euros a 641; los presupuestos destinados a Educación han crecido un 86%, un esfuerzo económico que, unido al realizado por las Comunidades Autónomas, ha situado los recursos destinados a Educación por encima del 5% del PIB. También ha crecido espectacularmente el dinero destinado a Sanidad, al tiempo que se han impulsado políticas de racionalización del gasto farmacéutico.

Un hito destacado fue la aprobación, en 2006 de la Ley de Dependencia que junto a la sanidad, la educación y las pensiones conforma el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Hoy, casi 700.000 ciudadanos y ciudadanas con dificultades para desarrollar una vida autónoma están recibiendo algún tipo de ayuda y, al mismo tiempo, ha generado una oportunidad de desarrollo empresarial con la creación de unos 260.000 empleos.

No deseo parecer exhaustivo, pero tengo que citar el terreno recorrido en la igualdad de género con la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con los nuevos horizontes en la conciliación de la vida laboral y familiar, con la tutela de las mujeres que sufren violencia machista, con la participación de las mujeres en los consejos de administración o con la creación del permiso de paternidad.

Pues bien, a pesar del esfuerzo de consolidación presupuestaria, el Gobierno ha mantenido, dentro de lo posible, los avances de la primera legislatura y ha prestado atención a las nuevas necesidades de protección y cohesión social planteadas por la propia crisis. Como consecuencia, entre 2008 y 2011, las partidas propias del gasto social en los presupuestos han aumentado un 22%, un 12% si excluimos las prestaciones por desempleo.

Hemos dado un gran salto en la construcción del Estado del Bienestar. Ahora, el compromiso de los socialistas es culminar el proceso de reformas del modelo productivo y ser capaces de afrontar los nuevos retos demográficos y de plena incorporación de los jóvenes y de las mujeres al mercado laboral.