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El anteproyecto de la ley del juego ha despertado
inquietudes, desconcierto y asombro entre las compañías de
las actividades ‘online’, pero también se ha encontrado de
frente con las distintas comunidades autónomas por
entenderse que era una competencia autónomica. En este
anteproyecto, actualmente en trámite parlamentario, no se
contemplaba la distribución del rendimiento del impuesto que
se pretende regular, ni a la Ciudad Autónoma de Ceuta, ni a
la de Melilla, pero sí a las demás autonomías. Los
parlamentarios de ambas ciudades ya han tomado medidas para
enmendar el olvido con el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular.
Ya se han dado los pasos más importantes para el escabroso
tema de la regulación del juego online, que tanto ha dado
que hablar en los últimos años. No es el momento de hacer
sonar los cohetes, pero es un paso importante que despertará
una nueva era del juego online y, en consecuencia,
presencial en España.
De momento es un anteproyecto de ley con mucha intención,
que entre otras cosas sugiere gravar la actividad del juego
online en nuestro país, además de crear un órgano regulador
para este menester.
Todo esto ha despertado muchas inquietudes, desconcierto y
asombro, por su brusca irrupción con la expectación de cómo
va a ser interpretado y finalmente materializado en la
industria, en lo que respecta a nuestro país, sobre la base
de cómo se ha regulado en otros países europeos vecinos.
Pero al margen de la propia industria que recela de cómo ha
sido concebido el anteproyecto, las comunidades autónomas
han elevado la voz por no haberse contado con ellas.
Ha sido Loterías y Apuestas del Estado la encargada de
materializar el anteproyecto y, entre otras cuestiones, se
ha olvidado de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
que, ahora, en trámite parlamentario se tratará de incluir.
La protesta de los gobiernos ceutí y melillense no se ha
hecho esperar, y la labor inmediata de los parlamentarios
tampoco.
En el caso de Ceuta, el diputado Francisco Márquez de la
Rubia remitió una carta al secretario de Estado de Hacienda
y Presupuestos, Carlos Ocaña, en la que le trasladó el
“malestar” de la Ciudad Autónoma “por haber sido excluida de
la distribución del rendimiento del impuesto que crea el
anteproyecto de ley de regulación del juego que el Consejo
de Ministros aprobó en enero para su remisión a las Cortes
Generales”.
Agravio y discriminación
El texto en cuestión establece el marco regulador de las
actividades de juego desarrolladas en el ámbito estatal a
través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e
interactivos y crea un régimen fiscal específico para las
actividades objeto de regulación que gravará la
autorización, celebración y organización de las diferentes
actividades de juego que puedan explotar los operadores
habilitados, con la excepción de las loterías, que no
estarán sujetas al nuevo Impuesto sobre Actividades de
Juego.
El Parlamentario ceutí explicó a EL PUEBLO cuál era la
situación e intentó hacerla entendible para mostrar lo que
considera un agravio y una discriminación a Ceuta, que ahora
se pretende enmendar en el trámite parlamentario:
“El Estado a través de la Loterías y Apuestas del Estado (LAE)
ostenta el papel de recaudador conjunto y reparte en función
de la vecindad civil, del domicilio realmente, de los
jugadores en función del tipo de juego, y de la Comunidad
Autónoma a la que pertenece. Siempre que esas Comunidades
Autónomas tengan las competencias transferidas en cuanto a
la cesión de los tributos del juego.
Esto dicho así puede parecer que está bien; es una actividad
que hasta ahora no tenía regulación, era por tanto alegal y
que ahora va a tener una regulación y por tanto unos
tributos que puedan generarse y que repercutan en las
haciendas públicas de los territorios.
Para Ceuta y Melilla, sin embargo, significa desde mi punto
de vista un tremendo agravio comparativo y una situación de
grave discriminación para los ciudadanos de esta tierra y de
Melilla, porque posiblemente no se nos contempla”, sin
embargo Márquez relató que logró introducirse una
disposición adicional cuyo tenor es que en aquellas
referencias que se hacen a todas las Comunidades Autónomas,
debe entenderse que serán aplicables a las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, en todo aquello en lo que sean
competentes. “Realmente ésta es una concesión para tontos
porque no somos competentes nada más que en gestión,
liquidación y reglamentación interna de los tipos de juegos,
pero nunca en tributación ni recaudación, porque no tenemos
transferidas la cesión de los tributos de juego, cosa que
llevamos reclamando en toda esta legislatura al actual
gobierno”.
Paradójico
Márquez de la Rubia considera una paradoja que los
ciudadanos de Ceuta puedan jugar y por ello le serán
impuestas las tasas correspondientes y aplicables según el
anteproyecto, pero las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
no recibirán esa recaudación de los tributos, sino que se
los quedará el Estado, cosa que no pasará en ningún otra
parte del territorio nacional”.
Y puso un ejemplo: “Si una persona de Tenerife, a través de
los dispositivos que la tecnología permite quiere hacer una
apuesta on-line, tributará y por tanto devengará y pagará el
impuesto correspondiente a la apuesta que haga, y el Estado
lo recaudará y después dará la parte correspondiente, que es
toda, a su Comunidad Autónoma de procedencia. Juegue donde
juegue y a través del servidor de donde juegue, da igual.
Sin embargo, si un ciudadano de Ceuta juega a través de una
casa de apuestas que tiene un servidor en Barcelona o en
Cuenca, el Estado recaudará por ese juego, pero a la Ciudad
Autónoma de Ceuta no le será transferido ni un euro, porque
no tiene transferida la cesión de la recaudación de esos
tributos. Nos parece un sistema absolutamente injusto”.
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El Gobierno de la Ciudad hizo ver la injusticia que se puede
cometer si no se actúa
La Ciudad Autónoma tiene
encomendada la supervisión del cumplimiento de los
requisitos fijados a los operadores, de la concesión de
licencias y autorizaciones, y de garantizar el correcto
funcionamiento del sector del juego y el cumplimiento de la
normativa vigente. Esta gestión se realiza ya sin que la
Administración local perciba ni un céntimo de los
rendimientos que deja esta actividad económica, y el nuevo
texto legal lejos de poner fin a esta situación, perpetúa un
sistema injusto que atenta contra los intereses de los
ciudadanos de Ceuta y Melilla. Esto fue lo que transmitió el
consejero de Hacienda y diputado por Ceuta, Francisco
Márquez en la carta remitida al secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos.
En ella, el responsable de la Hacienda ceutí pide al
secretario de Estado que adopte las medidas oportunas
tendentes a modificar el anteproyecto de Ley con el fin de
incorporar la previsión de que las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla percibirán, mediante la correspondiente
transferencia financiera, una cuantía que suponga la
concreción de una justa distribución de los recursos
tributarios que se generen en el nuevo modelo.
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congreso de los diputados
