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PORTADA DE HOY
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política - JUEVES, 17
DE MARZO DE 2011 |
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francisco marquez. cedida. |
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partido popular
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Márquez defiende la importancia de la
Ley de infraestructuras críticas |
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La
norma, que protege 3.500 instalaciones,
salió ayer adelante en la Comisión de Interior del
Congreso, donde el diputado ceutí actuó por primera
vez como ponente y portavoz del PP
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CEUTA
Tamara Crespo
ceuta@elpueblodeceuta.com |
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La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó
ayer la Ley de Infraestructuras Críticas, que regulará la
seguridad de las más de 3.500 instalaciones sensibles del
país. El diputado ceutí, Francisco Márquez, quien introdujo
una enmienda referida a Ceuta, actuó como ponente y portavoz
del PP en la comisión.
El Congreso aprobó ayer la Ley de Infraestructuras Críticas,
que regulará la seguridad de las más de 3.500 instalaciones
“sensibles” existentes en España, como centrales nucleares o
redes de transporte y agua, cuya perturbación se considera
supondría un grave impacto sobre los servicios públicos
esenciales.
En el debate de la ley, que tuvo lugar en el seno de la
Comisión de Interior, el diputado por Ceuta, Francisco
Márquez de la Rubia, que actuó como portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, destacó la importancia de una norma
que trata de proteger unas infraestructuras que representan,
dijo, el “sistema nervioso” de los sociedades desarrolladas.
Ataques del ‘ciberespacio’
Según recoge la agencia Efe, Márquez advirtió del “efecto
cascada” y del “efecto psicológico que la caída de una de
estas instalaciones puede tener en la economía española y
apostó por un refuerzo de la protección frente a las
amenazas del ‘ciberespacio’, que pueden bloquear servicios
públicos y afectar a la salud y la seguridad de los
ciudadanos.
En esta misma línea, el socialista José Manuel Cendón
subrayó el peligro de “reacciones en cadena” cuando se
produce la interrupción de una infraestructura crítica, tal
y como ha sucedido en Japón, donde la caída del suministro
eléctrico a consecuencia del tsunami sufrido tras el
terremoto del pasado viernes, ha afectado gravemente al
funcionamiento de las centrales nucleares.
Una idea esta que fue apuntada también por la diputada de
CiU Mercé Pigem, quien recordó que los atentados del 11-M
pusieron sobre la mesa la necesidad de proteger las
infraestructuras criticas, cuya interrupción o perturbación
pueden suponer un “auténtico colapso”.
La Comisión de Interior ha dado luz verde por unanimidad a
esta norma en plena crisis nuclear en Japón y el mismo día
en que el Gobierno ha anunciado que hará una revisión
completa de todas las centrales nucleares españolas para
comprobar el riesgo sísmico y de inundación de estas
instalaciones.
El Gobierno ha elaborado ya un catálogo reservado con esas
3.500 infraestructuras críticas, entre las que se encuentran
las propias centrales nucleares, embalses, la industria
química, los medios de transporte, los sistemas sanitario y
financiero o las redes de telecomunicaciones.
La ley aprobada da cumplimiento a una directiva comunitaria
que reconoce que el riesgo de “ataques terroristas
catastróficos” contra estas instalaciones básicas “va en
aumento”.
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El diputado ceutí sacó adelante una enmienda
El diputado nacional por Ceuta,
Francisco Márquez, sacó adelante una enmienda a la ley
aprobada ayer para que las Ciudades de Ceuta y Melilla
tengan, junto con las delegaciones del Gobierno de ambas,
una participación activa en la propuesta de declaración de
puntos o zonas críticas. Esta propuesta del Grupo Popular se
basaba en características de Ceuta y Melilla como “su
situación geográfica, el reducido tamaño y la acumulación en
poco espacio de diversas infraestructuras críticas”.
En noviembre de 2007 el Gobierno aprobó la creación del
Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC),
encargado de controlar, las 24 horas del día, la seguridad
de estas infraestructuras sensibles. El CNPIC, que depende
de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior, vigila la integridad de estas infraestructuras, no
sólo ante la amenaza de atentados terroristas, sino también
ante la posibilidad de catástrofes naturales, que pueden
perturbar el funcionamiento de estas instalaciones básicas.
De forma paralela, el Gobierno ha elaborado un catálogo con
3.500 instalaciones “críticas” en toda España, un listado
que tiene carácter reservado para garantizar su seguridad.
La norma aprobada ayer contempla la puesta en marcha de un
Plan Nacional con medidas concretas para hacer frente a las
amenazas que se ciernen sobre la administración, la
industria química, la energía nuclear, el transporte, la
salud, el sistema financiero o las redes de comunicaciones.
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