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					“Estamos abandonados en el tema de viviendas sociales”. Con 
					esta frase, el consejero de Fomento, Rafael Marín, resumió 
					la falta de actuación del Gobierno central en cuanto a la 
					construcción de VPO en Melilla, a pesar de haber firmado en 
					diciembre de 2007 un convenio por el que se comprometía a 
					construir 600 viviendas con una inversión de 48 millones de 
					euros. 
					 
					La vivienda centró la primera de las interpelaciones 
					presentadas por el Grupo Socialista, que quiso rechazar así 
					la política de vivienda que está llevando a cabo la Ciudad 
					Autónoma. El portavoz del PSOE, Dionisio Muñoz, criticó que 
					la empresa pública Emvismesa haya llevado a cabo pequeñas 
					promociones de VPO en solares comprados a privados, algo 
					que, según dijo, encarece el precio final de las viviendas 
					hasta hacerlas inaccesibles para las familias con escasos 
					recursos económicos y con necesidad de comprar una casa. 
					 
					Afirmó que las condiciones de compra que establece Emvismesa 
					para optar a estas viviendas tampoco ayudan a estimular su 
					venta, dado que los adjudicatarios deben pagar primero una 
					entrada del 20 por ciento del total y el 80 por ciento 
					restante mediante una hipoteca, cantidades prácticamente 
					inasequibles para unos pisos cuyos precios se encuentran 
					entre los 150.000 y 180.000 euros. 
					 
					Según dijo Muñoz, eso es lo que ha provocado que en la 
					actualidad Emvismesa aún no haya vendido parte de las 
					viviendas que ha finalizado en esta legislatura, lo que en 
					su opinión responde a una mala gestión de la Ciudad Autónoma 
					en esta materia, pese a suponer un importante gasto de 
					recursos públicos. De igual modo, reprochó a Emvismesa que 
					en los últimos años no haya preparado un buen terreno para 
					construir una gran promoción de viviendas públicas, lo que 
					en su opinión, contribuiría a reducir el precio. 
					 
					Ante los argumentos socialistas, el Gobierno local respondió 
					basándose en el convenio de vivienda firmado entre la Ciudad 
					Autónoma y el ya extinto Ministerio de Vivienda en diciembre 
					de 2007, que está aún sin aplicar porque no se han 
					construido las 600 VPO comprometidas por un valor de 48 
					millones de euros. 
					 
					Por contra, Emvismesa ha construido ya 97 viviendas, de las 
					que 41 han sido vendidas, según explicó el consejero de 
					Fomento. El resto están sin propietario porque los 
					adjudicatarios no logran que se les conceda una hipoteca. 
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