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Sobre la reciente reforma del Código Penal hablará como
primer ponente en las II Jornadas Jurídicas de la ciudad, el
presidente de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo,
Juan Saavedra, para el que dicho cambio en la normativa se
ha traducido en una adaptación del “marco jurídico a la
realidad social” de nuestro país, entre otros aspectos. Pese
a mirar con buenos ojos el nuevo modelo de Oficina Judicial,
el magistrado considera que “lo esencial” es que se produzca
un cambio en la cultura de organización del servicio público
de la Justicia. Con respecto a retos afrontados tan
trascendentes como la sentencia del ‘11-M’, Saavedra asegura
que su Sala “tiene capacidad para resolver” causas de tal
calibre.
Pregunta.- ¿Qué funciones son propias de la Sala que
preside dentro de las competencias atribuidas por nuestro
ordenamiento jurídico al Tribunal Supremo?
Respuesta.- El Tribunal Supremo es, ante todo, un tribunal
de casación que tiene como misión fundamental asegurar el
principio de igualdad en la aplicación de la ley en todo el
territorio donde está vigente. Por ello es función esencial
de esa Sala II resolver los recursos de casación frente a
las sentencias dictadas en materia penal por las audiencias
y los tribunales superiores de justicia en relación con el
jurado. Además de otras competencias, como los recursos de
revisión, queja, cuestiones de competencia, también
corresponde a la Sala Segunda, pero no ya como tribunal de
casación sino como instancia única que conoce las causas
contra aquellas personas que están aforadas.
P.- ¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la
Magistratura?, ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?,
¿Y lo que menos?, ¿Cómo es un día con Juan Saavedra?
R.- Decidí hacer oposiciones a judicatura cuando cursaba los
últimos años de la carrera de derecho, confluyendo diversos
factores y circunstancias, ante todo la idea de preferir
servir al Estado que a la empresa privada, lo cual conlleva
consigo una especial vocación por lo público. También el
prestigio de la oposición e incluso razones personales. Lo
más interesante de nuestro trabajo es la aplicación del
derecho dentro de un colegio de profesionales altamente
cualificados y el debate que ello genera. Como Presidente
debo ocuparme también de la vertiente burocrática y
gubernativa de la Sala, que muchas veces suscita más
problemas que el ejercicio de jurisdicción. La presidencia
de una Sala del Tribunal Supremo exige una dedicación
exclusiva y total.
P.- Ha podido ser testigo en el tiempo de la historia
española dentro del Poder Judicial ya que durante la
dictadura franquista ya ejercía como juez, ¿Cuáles han sido
los aspectos más relevantes que han marcado la transición
democrática en la carrera judicial?
R.- En primer lugar, el cambio de modelo del gobierno del
poder judicial, es decir, la instauración del Consejo
General del Poder Judicial; en segundo lugar, yo diría que
al hilo de lo que es y representó la Constitución Española,
la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional y su
doctrina a propósito del juez constitucional y la clave
constitucional en la interpretación de la legalidad
ordinaria; por último, también el extraordinario aumento de
la plantilla y la incorporación de la mujer al ejercicio de
la jurisdicción.
P.- ¿Ve con buenos ojos la reforma de la Administración
de Justicia y la implantación del nuevo modelo de Oficina
Judicial?
R.- Esto es un avance positivo, pero lo esencial es que se
produzca un cambio en nuestra cultura de organización del
servicio público de la justicia, que debe acogerse a
criterios mucho más racionales y eficientes, cambio de
cultura aplicable no sólo a los funcionarios sino también a
los jueces y fiscales en la gestión de dicho servicio.
P.- Viene a Ceuta con el objetivo de dar a conocer y
explicar la reciente reforma del Código Penal. Además de la
excarcelación de miles de presos en toda España, ¿Qué
necesita saber el ciudadano de a pie sobre la nueva norma?,
¿En qué le repercute en su vida diaria?
R.- La última reforma del Código Penal ha sido la más
extensa del texto aprobado en el año 1995. Es difícil
establecer una línea común que responda a todas las
innovaciones que lleva consigo. Por una parte, incluye las
reformas exigidas por las Directivas europeas y los
Convenios internacionales, incidiendo sobre todo en la
corrupción en el sector privado, explotación sexual de niños
y pornografía infantil, tráfico ilícito de drogas, lucha
contra la trata de seres humanos, protección del medio
ambiente o información privilegiada y manipulación del
mercado; por otra, ha servido para resolver cuestiones
técnicas o controversias Tribunal Supremo-Tribunal
Constitucional, como sucede en el caso de la prescripción;
por último, en general para adaptar nuestro marco jurídico
penal a la realidad social. También ha introducido una
novedad que se ha erigido en estrella de la reforma como es
la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
P.- Tradicionalmente, la Sala Segunda del TS tenía
problemas de atasco por los miles de asuntos que llegaban a
ella. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el nivel de
pendencia, y cuánto tiempo tardan en resolverse los
recursos?, ¿Ha llegado a sus manos alguna concreta de Ceuta?
R.- La Sala Segunda lleva ya varios años sin problemas de
atasco y resolviendo los asuntos que le competen en plazo
inferior a un año, incluso seis meses cuando se trata de
causas con preso, lo que se considera conforme a los
protocolos “estar al día”. Naturalmente que han llegado
causas que proceden de la sección de la Audiencia Provincial
que tiene su sede en Ceuta, pues la sentencias penales
dictadas por la misma son directamente recurribles en
casación ante el Tribunal Supremo.
P.- En estos momentos, ¿es realmente el TS un órgano
unificador de doctrina, o por el contrario se utiliza
demasiado a menudo como una segunda o tercera instancia?
R.- Mientras no se generalice la segunda instancia penal, es
decir, el recurso de apelación frente a todas las sentencias
dictadas por las audiencias, la función casacional del
Tribunal Supremo se desborda en la medida que es preciso por
exigencias de los Convenios internacionales revisar también
desde la perspectiva de la presunción de inocencia las
causas que nos llegan.
P.- Uno de los principales problemas de la Administración
de Justicia es, muchas veces, la falta de agilidad en su
funcionamiento. Por su experiencia como magistrado, ¿ha
constatado que la presencia del procurador agiliza el
proceso?
R.- Indudablemente, porque la vida procesal exige
profesionales y sin ellos no se puede trabajar
correctamente. Las funciones desempeñadas por los
procuradores son difícilmente sustituibles y la comunicación
rápida, eficiente y cierta constituye uno de los
instrumentos imprescindibles para alcanzar la agilidad
necesaria.
P.- ¿Cabría, a su juicio, alguna reforma legal para
agilizar el funcionamiento del TS? ¿Qué le parece la idea de
dotar de más competencias a los Tribunales Superiores de
Justicia?
R.- Los Tribunales Superiores de Justicia deben ser órganos
de apelación, pero el recurso de casación debe estar
exclusivamente residenciado en el Tribunal Supremo, pues de
lo contrario no es posible garantizar el principio de
igualdad en la aplicación de la Ley y por alcance los de
seguridad jurídica y legalidad.
P.- La presidencia de esta Sala es un observatorio
magnífico para diagnosticar los principales problemas, o
disfunciones, de la Justicia. ¿Dónde se hallan, a su juicio,
esos puntos negros? ¿Y a qué son debidos, en su opinión,
esos tiempos muertos?
R.- A la falta de agilidad del sistema en sí mismo. Vuelvo a
la respuesta dada a la pregunta cuarta: necesitamos una
nueva cultura en materia de organización y gestión del
servicio público y, en cuanto a los jueces, es preciso
mejorar constantemente la calidad y la formación continua.
Los puntos negros o lapsus en la gestión cuanto mayor sea el
nivel profesional de los gestores serán menores.
P.- Uno de los retos más importantes, sin duda, a los que
se ha enfrentado su Sala es la sentencia del 11-M. ¿Cómo se
vivieron los meses previos y posteriores a la misma en el
seno del Tribunal Supremo?
R.- La Sala Segunda, sus Secretarías y el Gabinete Técnico
que le sirven de apoyo, tiene capacidad para resolver estos
retos judiciales marcados por el volumen de la propia causa
y la trascendencia que conllevan.
P.- ¿Cree que prosperará la demanda interpuesta por
Baltasar Garzón ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
por considerar que la causa abierta contra él en el Supremo,
por investigar los crímenes franquistas, ha violado sus
derechos fundamentales?
R.- Mientras la Sala Segunda no dicte una sentencia no es
posible establecer un juicio “a priori”.
P.- ¿Recuerda algún caso que le dejara una huella
especial, en el que es consciente de que pudo reparar alguna
injusticia?
R.- Son muchos pequeños casos.
P.- Por último, ¿es justa nuestra Justicia?
R.- La justicia es justa siempre que se haga con estricto
respeto al sistema democrático que tenemos. Esa es la única
respuesta, porque el concepto material de justicia puede ser
objeto de otras valoraciones al margen de la solución
jurídica del caso.
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JUAN SAAVEDRA / Presidente de la Sala
II de lo Penal del Tribunal Supremo 
