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Las II Jornadas Jurídicas de Ceuta continuaron ayer con la
ponencia ‘La mediación en la hoja de ruta de la
modernización de la justicia en España’ a cargo de Margarita
Uría, vocal del Consejo General del Poder Judicial encargada
de su implantación dentro de la modernización de la
Justicia. Los ensayos que se vienen haciendo están sirviendo
para acercar a personas opuestas en pleitos civiles,
empresas y trabajadores y víctimas y agredidos en los
juzgados penales. Los magistrados cuentan con el apoyo de
fundaciones y universidades que facilitan la colaboración de
personas con formación que no suelen cobrar.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Margarita Uría, explicó ayer en la segunda jornada de las
Jornadas Jurídicas de Ceuta el proceso de implantación de la
mediación que, por iniciativa de los jueces, está teniendo
lugar en numerosos juzgados de diversas jurisdicciones y
comunidades autónomas.
La mediación es un proceso negociado entre dos partes
opuestas en un pleito en el que un profesional con formación
universitaria y jurídica promueve que hablen entre ellas y
lleguen a un acuerdo. Este supone evitar todo un
procedimiento judicial con su juicio y tiene la validez
legal de que el juez tutela el acuerdo y lo hace cumplir.
Margarita Uría tiene el mandato del CGPJ de promover la
mediación y de unificar los protocolos que usan los jueces
en las diferentes autonomías, ya que en España ni hay una
ley de mediación. Tras varios años de experiencias en 198
juzgados penales, 78 de asuntos de familia, civiles,
penales, laborales y de menores, Uría explica que “en casos
de personas con adicciones y de menores prácticamente no hay
reincidencia en los asuntos que se media. La persona que ha
hecho el daño se pone en el papel de la víctima, sabe como
lo ha sentido, lo que le ha pasado y no vuelve a ser
‘cliente’ del juzgado”.
En la legislación laboral, explicó Uría, hay experiencia en
Bilbao y se proyecta una iniciativa con seis jueces de
Madrid. Los asuntos con mejores resultados son los cambios
en las condiciones de trabajo en una empresa, la
conciliación laboral y familiar y el impago de cantidades.
En los asuntos de los juzgados de familia, se suele llegar a
acuerdos en las pensiones alimenticias y horarios de visitas
a los niños por los divorciados, si bien existen leyes que
regulan la mediación extajudicial, es decir, antes de que
los procedimientos se judicialicen.
Margarita Uría explicó que el Gobierno ha elaborado un
anteproyecto de Ley de Arbitraje muy criticado por el propio
CGPJ y por el Consejo de Estado, entre otras cosas, porque
se planteó seguir las directrices de una directiva europea
cuando el poder judicial en sus protocolos de actuación y
ensayos vienen haciendo muchas cosas en los últimos años.
Así, comentó que Cataluña ha hecho un Libro Blanco de la
Mediación que fue presentado por el propio Carlos Dívar,
presidente del CGPJ. Además, se ha encomendado a la Comisión
Nacional de Estadística, integrada por el CGPJ, el
Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, que a
partir de la implantación de la nueva oficina judicial
incluya datos estadísticos de todos los procesos de
mediación.
Otra iniciativas es la que impulsa personalmente Margarita
Uría para llevar la mediación a los procesos
contencioso-administrativos, que enfrentan a los ciudadanos,
los sindicatos y los colectivos profesionales con las
diferentes administraciones. Citó el caso de un juez
extremeño que convoca al alcalde de un pueblo y el abogado
municipal a ese tipo de mediaciones en el juzgado.
El próximo mes de junio se quiere llevar al pleno del CGPJ
un convenio con la Fundación Instituto Europeo de Mediación
y Ética Pública que facilitaría el trabajo de mediadores
preparados para esa jurisdicción. En otras, se están
utilizando a juristas de varias universidades.
Asimismo, Uría adelantó que hoy comienza un proceso de
formación en mediación del colectivo de secretarios
judiciales. Este ciclo se inicia en Madrid y en junio se
impartirá a los jueces de Málaga y Melilla. Uría invitó a
los presentes a unirse a la mediación. “En Ceuta, solo hacen
falta un juez, un fiscal y un mediador”.
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Una partidaria de que se aplique en Violencia Doméstica
María Fernanda García, de la
Audiencia Provincial de Jáen, contó su experiencia en
mediación y ensalzó el valor que tiene “no para descargar a
los juzgados de trabajos, sino para la reparación efectiva
de la víctima”. Explicó que su experiencia se viene haciendo
con personas de la universidad y, en casos penales pequeños,
“la víctima está dispuesta a hablar con el agresor”. El
mediador hablar con cada parte y luego tiene una entrevista
conjunta y al final se da forma a un acuerdo con el juez y
los abogados presentes. “La gente agradece que se le escuche
y es capaz de resolver sus problemas sin soluciones
impuestas”, señaló. García se mostró partidaria de la
mediación en Violencia Doméstica, aunque recordó que no es
posible porque la ley integral lo prohibe.
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