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Melilla fue en 2010 la autonomía que consiguió cerrar el año
con las cuentas económicas más “saneadas” de todo el país,
al registrar un déficit y una carga financiera muy alejados
de los límites establecidos legalmente por el Estado. El
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda,
presentó ayer a la opinión pública la liquidación de los
presupuestos municipales del año pasado, que se saldaron
incluso con un ahorro bruto de cerca de 14 millones de
euros.
En rueda de prensa, Imbroda explicó que el déficit de las
cuentas de la Ciudad Autónoma el año pasado fue del 0,14 por
ciento, mientras que el límite máximo permitido por la Ley
es del 0,75 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Para que los melillenses se hagan una idea de este dato,
Imbroda recordó que el año pasado, la mejor comunidad
autónoma en este apartado fue la Comunidad de Madrid, con un
0,60 por ciento. Sin embargo, el resultado proporcional de
Melilla respecto a su población es cuatro veces más bajo.
En cuanto a la carga financiera -créditos bancarios-, las
cuentas de Melilla cerraron el año pasado con un 8,81 por
ciento, también muy alejado del 25 por ciento permitido por
la Ley, que ha sido sobrepasado por varias autonomías y
ciudades hasta el punto de solicitar medidas especiales al
Gobierno central.
Imbroda también comparó este 8,81 por ciento con el obtenido
en 1997, cuando el presidente de la Ciudad Autónoma era
Ignacio Velázquez. Aquel año, la carga financiera de Melilla
fue de casi el 19 por ciento, es decir, “dos veces y pico
más de lo que estamos ahora”.
Además, Imbroda, subrayó que en 1997, el Gobierno melillense
pidió créditos por un valor de 4.000 millones de las
antiguas pesetas, es decir, unos 30 millones de euros, que
fueron gastados de forma “superflua” al no repercutir en
obras de infraestructura que pudieran quedar después como
patrimonio de Melilla o en políticas sociales. En opinión de
Imbroda, esta actuación fue digna de “un dispaate de gestor
y un mal político”, algo que diferenció con el Gobierno
actual, que “ni se ha planteado” pedir créditos bancarios a
pesar de que podría habérselo permitido por tener una carga
financiera casi tres veces por debajo del límite marcado por
la Ley.
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