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OPINIÓN - MARTES, 19 DE ABRIL DE 2011

 

OPINIÓN / AL SUR DEL SUR

¡Basta ya!
 


Juan Carlos Trujillo Muñoz
juancarlostrujillo@elpueblodeceuta.com

 

En esta ocasión, compartiré con los lectores de este medio de comunicación algunas reflexiones en relación a las críticas totalmente infundadas vertidas por los portavoces de la coalición Caballas contra el Ejecutivo de la ciudad en relación a una decisión legítima adoptada por la dirección de la televisión privada ceutí, Ceuta Televisión, quien decidió la pasada semana finalizar momentáneamente las emisiones del programa dirigido y presentado por Nada Gad, un espacio informativo sobre la actualidad ceutí emitido íntegramente en árabe.

En primer lugar, puntualizar que de la misma forma que algunas formaciones políticas de la ciudad decidieron felicitar a Ceuta Televisión por su histórica decisión ahora, que han decidido legítimamente cancelar la emisión de dicho espacio televisivo, correspondería de la misma forma valorar la decisión adoptada por la dirección de dicha televisión y no dirigir sus acusaciones contra un Gobierno ceutí, que en todo momento ha defendido y protegido la libertad de expresión de todos los medios de comunicación de la ciudad y por supuesto, respetado como corresponde en democracia las decisiones adoptadas por los diferentes editores en el libre ejercicio de sus responsabilidades directivas.

Por tanto, resulta totalmente inadmisible, que la coalición dirigida por Mohamed Alí y Juan Luís Aróstegui, acuse al Ejecutivo ceutí y en particular, a la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, de censurar las emisiones de un espacio televisivo producido, elaborado y emitido por un medio de comunicación totalmente privado de la ciudad. En este punto, debo recordar a nuestros lectores, que el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, aprobada mayoritariamente por el pueblo español, reconoce y protege entre otras cuestiones, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción por tanto, acusar al Ejecutivo ceutí de tal decisión es acusarlo de actuar en contra de nuestra Carta Magna.

Por todo ello y en virtud de las manifestaciones recogidas en diferentes medios de comunicación de la ciudad, solicito a los dirigentes de la formación política a la que pertenezco desde hace más de una década, el Partido Popular de Ceuta, valoren en profundidad la viabilidad de adoptar las acciones legales correspondientes en virtud a estas presuntas acusaciones vertidas por los portavoces de la coalición Caballas puesto que, como militantes de dicha formación ni puedo, ni debo consentir que acusen al Gobierno sustentando por mi partido de cercenar los derechos constitucionales que protegen a los medios de comunicación.
 

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