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Su historia ha pasado por las oficinas del Defensor del
Pueblo, el Centro Asesor de la Mujer, los Servicios Sociales
y varias ONG’s y otros organismos pero lo cierto es que su
interrogante existencial sigue sin cerrarse desde 2007. “Me
veo de nuevo en la lucha y acudo a toda persona, asociación
o medio que me pueda ayudar”, lamenta Rachida El Marabet,
una joven marroquí de 27 años, divorciada, con un hijo de 8
años, sin tarjeta de residencia comunitaria ya que le fue
retirada por “error” y desea recuperar puesto que la avalan
dos sentencias judiciales. Pese a ello, “Extranjería dice
que no me la concede porque no cumplo los requisitos, que
son tener un contrato de trabajo, que sin papeles no me
pueden hacer; o por consanguinidad, ya que mi hijo es
español pero eso debe recurrirse a Madrid y nadie me asegura
nada”, relata, preocupada, la joven.
Rachida llegó a Ceuta en 1995, encontrando refugio en el
hogar de una tía suya que habitaba en el Príncipe pero nunca
fue empadronada ni optó a solicitar ningún “papel” que la
documentase puesto que en Marruecos, su país de origen, “no
me daban el pasaporte hasta cumplir los 18 años”. Al cumplir
la mayoría de edad, “me enamoré de mi ex marido y me casé”,
sonreía recordando aquellas fechas en la que contrajo
matrimonio por el rito coránico, allá por 2002, y luego
celebrando la unión en los juzgados de la ciudad. Pero,
“nunca se sabe qué va a pasar”, y en 2007 los trámites del
divorcio se hicieron efectivos meses antes de estar en
posesión de la tarjeta de residencia comunitaria. “Vivía en
casa de la abuela de mi ex marido y mi hijo y yo nos tuvimos
que ir, pidiendo ayuda porque estábamos en la calle, sin
dinero, ni techo, ni nada”. Los problemas se hicieron dueños
de la mente de Rachida, cuya preocupación “ya notaba mi
niño, que aunque era pequeño, me veía llorar”, rememora con
brillo en los ojos, pero la caridad todavía existe y
mediadores sociales de la entidad ACCEM hicieron posible que
Cruz Blanca guardasen una plaza para Rachida e Ibrahim en la
casa de acogida de San Isidoro.
El 10 de octubre de 2007, la joven marroquí recibía la
sentencia de divorcio, que decretaba la guarda y custodia
del menor y la pensión alimenticia de 150 euros. Pero las
preocupaciones superaron la escala cuando Rachida enferma,
acude a un centro sanitario para obtener una cartilla y la
derivan a Extranjería al no tener la tarjeta de residencia,
“sólo el resguardo”. Fue entonces cuando el “analfabetismo”
le jugó una mala pasada a Rachida ya que “al no saber leer”
firmó un documento por el que hacía firme la extinción de su
tarjeta de residencia comunitaria, “que se quedó la
funcionaria sin darme explicaciones”.
El Colegio de Abogados entró a formar parte de la historia y
facilitó un letrado a la joven, que interpuso un recurso
contencioso-administrativo contra Delegación de Gobierno,
que ganó en base a que dicha resolución no le había sido
comunicada en el tiempo y la forma correcta por lo que le
producía indefensión. Pese a ello, los servicios jurídicos
de Delegación recurrieron la resolución ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía que, una vez más, emitía
su veredicto a favor de la joven. Hasta la fecha, “sigo sin
tarjeta de residencia comunitaria, nadie me ayuda y no sé ni
qué hacer puesto que los jueces me han dado la razón pero no
me devuelven mi tarjeta”, sentencia la joven, que desata su
ira contra aquellas personas que “me han dejado sin nada,
contra mi marido que me engañó y maltrató, contra todo”.
Porque regresar a Marruecos es un opción descartada por el
simple hecho de “perder la custodia” de su hijo, “que es
español”. Y el temor al rechazo de una sociedad que quizás
no entendiese a “una madre joven, divorciada, con un hijo”.
Por lo que los interrogantes, no se cierran, y las dos aguas
en las que Rachida navega no terminan por alcanzar el mar.
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tribunales e inmigracion
