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					A pesar de formar parte de la Unión Europea, si un producto 
					llega a Ceuta y no se documenta correctamente esta 
					transacción, la irregularidad se trata como delito de 
					contrabando. Una situación que desde el Partido Popular 
					pretenden cambiar para acabar con una situación desfavorable 
					para los empresarios ceutíes, en desventaja respecto a los 
					de la península, por lo que promulgan la modificación de la 
					Ley de Represión de Contrabando que se aplica en la ciudad.
					 
					 
					Tras la presentación de tres enmiendas relativas a Ceuta 
					para el proyecto de modificación de la Ley de Contrabando, 
					el senador Nicolás Fernández Cucurull explica cómo actua esa 
					ley en la ciudad y cuáles serán las consecuencias de su 
					modificación.  
					 
					Cuando un producto llega a Ceuta desde cualquier punto de 
					España, la transacción es considerada como una importación, 
					igual que si la mercancía llegara de un tercer país. Aunque 
					la ciudad se encuentra dentro de la Unión Europea, no lo 
					está en su Unión Aduanera, debido al régimen fiscal 
					específico vigente, el Ipsi. Por ello, cuando se traen 
					mercancías desde cualquier punto de Europa o España la 
					transacción se rige por la misma normativa que las que se 
					llevan a cabo con países extracomunitarios, es decir, se 
					aplica la Ley de Represión del Contrabando aprobada por el 
					gobierno socialista en 1995. 
					 
					Es en este momento cuando se introduce el concepto de 
					importación para las mercancías comunitarias que entran en 
					Ceuta, y con él, los problemas para los empresarios ceutíes. 
					“Hasta entonces no era considerado importación ya que se 
					trata de la mercancía que viene de territorio nacional, en 
					la mayor parte de los casos desde Algeciras, y llega a 
					territorio nacional”, explica Fernández Cucurull. Él es el 
					senador del Partido Popular por Ceuta que ha propuesto tres 
					modificaciones relativas a la ciudad en el proyecto de 
					modificación de esta ley que tanto ha perjudicado a los 
					empresarios de la ciudad. 
					 
					Desde la entrada en vigor de esta normativa, los 
					comerciantes ceutíes se han regido por una ley cuyo objetivo 
					es evitar que no se declaren importaciones de países fuera 
					del mercado común. “Si no se documentaba bien alguna 
					llegada, se aplica dicha ley con las multas e incluso penas 
					de prisión que pueden implicar. Lo que evidentemente es un 
					exceso”, aclara Fernández Cucurull quien señala como 
					desmesurada la aplicación de una pena de ese calibre a 
					alguien que “no está cometiendo un delito de contrabando”.
					 
					 
					Esta ley se basa en el hecho de que Ceuta está fuera del 
					territorio aduanero. No obstante, todos los análisis que se 
					han hecho sobre esta situación apuntan que el futuro es 
					“integrar a la ciudad en la Unión Aduanera”, avisa Fernández 
					Cucurull: ”Tendremos que negociar la integración en la Unión 
					Aduanera sin que conlleve perjuicio en la aplicación de 
					nuestro régimen económico fiscal especial, al igual que se 
					hizo en Canarias”. Pero antes, lo primordial “es acabar con 
					este agravio de la Ley de Contrabando”, señala.  
					 
					“Hemos presentado una disposición en forma de enmienda en la 
					que dejamos claro que la llegada de mercancías a Ceuta 
					seguiría siendo considerada importación en cuanto a la 
					documentación que debería tramitarse y a efectos del régimen 
					fiscal especial de la ciudad, pero en ningún caso la falta 
					de estos requisitos serían considerados delitos, sino 
					infracciones administrativas”, aclara Fernández Cucurull. Y 
					es que, para el popular considerar un delito la introducción 
					de una mercancía que sale de territorio nacional y llega a 
					territorio nacional “es un abuso”.  
					 
					El senador popular también ha exigido que se corrija la 
					obligación que tienen las compañías de transporte de Ceuta y 
					Melilla que realicen servicios a cualquier enclave nacional 
					de enviar a las autoridades listados completos de pasajeros. 
					Una medida que impide “la igualdad de condiciones” entre 
					ambas ciudades autonómicas y el resto del territorio 
					español.  
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