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política - LUNES, 2 DE MAYO DE 2011


fernández cucurull. archivo.

partido popular
 

Cucurull tilda de “abuso” tratar como delito las importaciones nacionales

El senador popular por Ceuta explica cómo se plasma la Ley de Contrabando en la ciudad y los beneficios de su modificación
 

CEUTA
Virginia Saura

ceuta
@elpueblodeceuta.com

A pesar de formar parte de la Unión Europea, si un producto llega a Ceuta y no se documenta correctamente esta transacción, la irregularidad se trata como delito de contrabando. Una situación que desde el Partido Popular pretenden cambiar para acabar con una situación desfavorable para los empresarios ceutíes, en desventaja respecto a los de la península, por lo que promulgan la modificación de la Ley de Represión de Contrabando que se aplica en la ciudad.

Tras la presentación de tres enmiendas relativas a Ceuta para el proyecto de modificación de la Ley de Contrabando, el senador Nicolás Fernández Cucurull explica cómo actua esa ley en la ciudad y cuáles serán las consecuencias de su modificación.

Cuando un producto llega a Ceuta desde cualquier punto de España, la transacción es considerada como una importación, igual que si la mercancía llegara de un tercer país. Aunque la ciudad se encuentra dentro de la Unión Europea, no lo está en su Unión Aduanera, debido al régimen fiscal específico vigente, el Ipsi. Por ello, cuando se traen mercancías desde cualquier punto de Europa o España la transacción se rige por la misma normativa que las que se llevan a cabo con países extracomunitarios, es decir, se aplica la Ley de Represión del Contrabando aprobada por el gobierno socialista en 1995.

Es en este momento cuando se introduce el concepto de importación para las mercancías comunitarias que entran en Ceuta, y con él, los problemas para los empresarios ceutíes. “Hasta entonces no era considerado importación ya que se trata de la mercancía que viene de territorio nacional, en la mayor parte de los casos desde Algeciras, y llega a territorio nacional”, explica Fernández Cucurull. Él es el senador del Partido Popular por Ceuta que ha propuesto tres modificaciones relativas a la ciudad en el proyecto de modificación de esta ley que tanto ha perjudicado a los empresarios de la ciudad.

Desde la entrada en vigor de esta normativa, los comerciantes ceutíes se han regido por una ley cuyo objetivo es evitar que no se declaren importaciones de países fuera del mercado común. “Si no se documentaba bien alguna llegada, se aplica dicha ley con las multas e incluso penas de prisión que pueden implicar. Lo que evidentemente es un exceso”, aclara Fernández Cucurull quien señala como desmesurada la aplicación de una pena de ese calibre a alguien que “no está cometiendo un delito de contrabando”.

Esta ley se basa en el hecho de que Ceuta está fuera del territorio aduanero. No obstante, todos los análisis que se han hecho sobre esta situación apuntan que el futuro es “integrar a la ciudad en la Unión Aduanera”, avisa Fernández Cucurull: ”Tendremos que negociar la integración en la Unión Aduanera sin que conlleve perjuicio en la aplicación de nuestro régimen económico fiscal especial, al igual que se hizo en Canarias”. Pero antes, lo primordial “es acabar con este agravio de la Ley de Contrabando”, señala.

“Hemos presentado una disposición en forma de enmienda en la que dejamos claro que la llegada de mercancías a Ceuta seguiría siendo considerada importación en cuanto a la documentación que debería tramitarse y a efectos del régimen fiscal especial de la ciudad, pero en ningún caso la falta de estos requisitos serían considerados delitos, sino infracciones administrativas”, aclara Fernández Cucurull. Y es que, para el popular considerar un delito la introducción de una mercancía que sale de territorio nacional y llega a territorio nacional “es un abuso”.

El senador popular también ha exigido que se corrija la obligación que tienen las compañías de transporte de Ceuta y Melilla que realicen servicios a cualquier enclave nacional de enviar a las autoridades listados completos de pasajeros. Una medida que impide “la igualdad de condiciones” entre ambas ciudades autonómicas y el resto del territorio español.
 

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