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El Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de Afloramiento
y Control de Empleo Sumergido que incluye medidas para
promover la afiliación de trabajadores a la Seguridad
Social. En el caso de que una empresa no lo hiciera, las
sanciones por el incumplimiento de la ley se endurecerán a
partir del 1 de julio.
El empleo sumergido, al margen de la ley, es una de las
lacras más perjudiciales para la economía y, sobre todo,
para los trabajadores que se encuentran en situación
irregular. Para acabar con ella, el Consejo de Ministros ha
aprobado el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento
y Control del Empleo Sumergido y Fomento de la
Rehabilitación de Vivienda, según informa una nota de prensa
de Delegación.
El objetivo de este plan será acabar con el efecto negativo
que para el mercado tiene este empleo sumergido que, entre
otros perjuicios, genera competencia desleal contra las
empresas españolas que actúan en el marco de la legalidad.
Para solucionar esta situación, se comenzará con unas
medidas para fomentar la regularización voluntaria del
empleo irregular. Un proceso estará abierto hasta el próximo
31 de julio y al que podrán acogerse las empresas de forma
voluntaria. Para ello, solo es necesario comunicar el alta
de los trabajadores a la Seguridad Social dentro del plazo.
Transcurrido este el proceso de regularización voluntaria,
la norma establece un endurecimiento de las sanciones
administrativas relacionadas con las conductas fraudulentas
de empleo irregular o sumergido en sus distintas variantes o
modalidades. De este modo, las empresas que no hayan
regularizado su situación tendrán que hacer frente a
sanciones más rigurosas. Así, por incumplir la obligación de
afiliación y alta en la Seguridad Social, la multa mínima
sería de 3.126 y se podría llegar a alcanzar los 10.000
euros, mientras que ahora la sanción económica oscila entre
los 626 y los 6.250 euros.
Por compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones
de desempleo y otras de Seguridad Social incompatibles, la
multa mínima hasta ahora se situaba en los 6.251 euros,
mientras que a partir del 1 de julio será de 10.001 euros,
aunque la sanción máxima por este delito, una multa de hasta
187.515 euros, se mantendrá igual.
Este plan también contempla que desde la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social se intensifique la actividad y
eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del
trabajo no declarado, en el marco de las distintas acciones
emprendidas contra el fraude en los últimos años.
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medidas
