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					La Audiencia Provincial acogió ayer, el sorteo de los 
					candidatos al Tribunal del Jurado que emitirá su veredicto 
					sobre el crimen de Ikram, presuntamente estrangulada por su 
					pareja en julio de 2009, que se encuentra en la prisión de 
					Botafuegos. Un total de 36 ceutíes son los aspirantes aunque 
					el sorteo puede ser reclamado por cualquier ciudadano. 
					 
					A poco más de un mes de la celebración del juicio sobre el 
					crimen de la joven Ikram, presuntamente estrangulada por su 
					pareja el 15 de julio de 2009, la Sección VI de la Audiencia 
					Provincial de Cádiz en Ceuta acogió ayer el sorteo de los 
					candidatos que conformarán el Tribunal del Jurado que 
					presida la sala.  
					 
					Un total de 36 ceutíes, diez mujeres y 26 hombres, extraídos 
					directamente de la lista del censo electoral, tal y como 
					establece la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del 
					Tribunal del Jurado. Los aspirantes, de todas las 
					comunidades que conviven en la ciudad autónoma, recibirán la 
					citación mediante la cual se les informará de tal 
					acontecimiento y se les hará entrega de la pertinente 
					documentación en la que se indicará las causas de 
					incapacidad, incompatibilidad y excusa, y el procedimiento 
					para su alegación.  
					 
					Algunos de los motivos que pueden excusar a un ciudadano 
					como jurado son ser mayor de 65 años, haber desempeñado 
					funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al 
					día de la nueva designación, los que sufran grave trastorno 
					por razón de las cargas familiares, los que desempeñen 
					trabajo de relevante interés general, cuya sustitución 
					originaría importantes perjuicios al mismo, los que tengan 
					su residencia en el extranjero, los militares profesionales 
					en activo cuando concurran razones de servicio, y los que 
					aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que 
					les dificulte de forma grave el desempeño de la función de 
					jurado. 
					 
					Recordar que, en primera instancia, el representante del 
					Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como 
					constitutivos de un delito de asesinato con el agravante de 
					parentesco, por el que pide para el acusado una pena de 20 
					años de prisión y una indemnización de 120.000 euros para la 
					hija menor del matrimonio y otros 60.000 euros para la 
					familia de la joven. Aunque tampoco se descarta que la 
					calificación final apunte al delito de homicidio con abuso 
					de superioridad, según fuentes cercanas al caso.  
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