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El Consejo de Ministros aprobó el viernes un plan de
regulación y control del empleo sumergido que multiplicará
por cinco las sanciones a las empresas sumergidas a partir
del próximo 1 de agosto. Pero, CCOO cree que se trata de un
plan “insuficiente en su planteamiento y perjudicial para
los trabajadores” mientras “beneficia al empresario sin
escrúpulos”. UGT por su parte opina que tan solo es “voluntarista”.
Pues es un plan que “no aborda la cuestión de manera
correcta”, declaró a este Diario Concha López Carrillo,
secretaria de Organización de UGT Melilla, pues “el empleo
no declarado es un fenómeno que requiere un diagnóstico muy
serio y muy bien elaborado para conocerlo y poder luchar de
forma efectiva contra él”, para lo que cree necesario “un
reforzamiento muy importante de los servicios de inspección,
un aumento considerable” de personal para ello porque “las
sanciones se recrudecen, pero para que se puede sancionar
tiene que haber unos recursos humanos que detecten” las
empresas sumergidas.
La secretaria general de CCOO Melilla, Caridad Navarro,
también mostró el “desacuerdo” del sindicato a este plan,
que “es una amnistía para todos aquellos empresarios
defraudadores, perjudicando a los trabajadores afectados”,
más aún tras “la vuelca de tuerca en Consejo de Ministros
que suprime el carácter retroactivo y no se reconocerá
ninguna cotización anterior”, además de “posibilitar a la
empresa acogerse a bonificaciones por contrataciones”. Por
lo que lo ve como un “premio al empresario fraudulento”,
beneficiando así al “empresario sin escrúpulos”, además de
“enviar un mensaje antipedagógico a la ciudadanía que ve que
si defraudas no pasa nada”, lamentó Navarro.
La temporalidad de las contrataciones a raíz de este plan es
uno de los aspectos que también criticó la secretaria
general de CCOO: “a partir de este plan la contratación
podría ser de seis meses sin compromiso de mantenimiento
posterior” del contrato. Y otra de las cuestiones que
Caridad Navarro criticó es que “no actúa sobre los aspectos
fiscales”, mientras “a la Seguridad Social se deja de
ingresar 13.000 millones de euros por fraude”.
Por todo, cree que se trata de una mera “respuesta” a las
“exigencias europeas”. Del mismo modo, Concha López lo
definió como “voluntarista” y especialmente “vulnerable”
para la población extranjera, con “efectos perversos” para
el Estado, como la competencia desleal, el fraude fiscal y
la merma de los servicios públicos.
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