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El transporte marítimo es tan
esencial para Ceuta que cualquier incidencia en su normal
desarrollo y funcionamiento es un sobresalto. El último de
estos incidentes, del que informó ayer en exclusiva EL
PUEBLO, está relacionado con el proceso de adjudicación del
nuevo contrato de la línea de interés público. La única
compañía que se había presentado a la licitación era
Baleària, que no cumple los requisitos económicos y
financieros exigidos en el pliego de condiciones
administrativas. Este problema, calificado por el Ministerio
de Fomento por tanto como de índole “administrativa”, ha
llevado a declarar desierto el primer concurso y a la
convocatoria de uno nuevo en el que se han “modificado” las
exigencias que figuraban en el pliego, “adaptándolas a las
condiciones del sector del transporte marítimo”. El
departamento de José Blanco, en concreto, la Dirección
General de la Marina Mercante, que es el órgano al que
compete esta contratación, se ha apresurado a comunicar que
“estas exigencias administrativas no impedirán que se
continúe con la prestación del servicio público de
navegación entre Ceuta y Algeciras”. No obstante esta
afirmación con intenciones, entendemos, tranquilizadoras, lo
cierto es que la situación genera zozobra dada esa
trascendencia que para los ceutíes, para todos los ceutíes y
para la actividad económica de la ciudad en general, tiene,
como decíamos, el mal o buen funcionamiento de la línea que
nos une con la península, verdadero cordón umbilical, que
nos nutre y nos comunica con nuestros conciudadanos y
familiares del otro lado del Estrecho. Lo deseable es, en
definitiva, que este paso atrás no suponga un perjuicio
mayor y que el proceso culmine en tiempo y forma, de modo
que Ceuta y los ceutíes puedan recibir los frutos de la
ardua y larga negociación que llevó a la modificación de los
requisitos de prestación del servicio con el necesario fin
de abaratarlo y de mejorar su calidad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
