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En 2007, el vicario Francisco Carrero vendió un local, que
figuraba como propiedad de la Iglesia en 1917, a una
inmobiliaria. No hubo escritura ni llaves, y su nuevo dueño
tuvo que forzar la cerradura para entrar. Momento en el que
la familia Ferrer reclamó la titularidad de una finca que ha
sido titular durante treinta años.
Antonio Luis Ferrer sólo quiere que se reconozca la
titularidad de un local que según ha defendido durante tres
años en diversos pleitos ha pertenecido a su familia durante
más de tres décadas. En 1976 su padre adquirió la propiedad
en cuestión, situada en la calle Las Palmeras, y desde
entonces ha sido de los Ferrer hasta que en 2007, Antonio
Luis se encontró con el local ocupado por una inmobiliaria.
Ahora se ha demandado a su dueño para recuperar una
titularidad que el abogado de Ferrer, Manuel Marfil,
defiende que ha ejercido su representado de forma “pública,
pacífica e ininterrumpida” durante treinta años. Ayer se
celebró la vista en el Juzgado de Instrucción Número 2, en
la que ambas partes reclamaron para si la titularidad de una
‘novia con muchos pretendientes’. Y es que, la propiedad ha
tenido hasta cuatro dueños sin que conste con claridad en
que momento pasó de unas manos a otras y en qué condiciones
se hicieron estos traspasos.
El origen de esta disputa se remonta a 1917, momento en el
que consta que la finca es propiedad de la Iglesia. Con el
transcurso de los años, la administración apostólica llegó a
un acuerdo con la familia ceutí Ibañez-Trujillo, mediante el
que la Iglesia cedía la finca a cambio de mantener la
titularidad de uno de sus locales, según argumentó la
defensa durante el juicio. Fue esta familia quien arrendó en
un primer momento la propiedad a los Ferrer para
posteriormente traspasarla a través de una compra que ”no se
llegó a plasmar en un contrato en firme y que aunque las
partes lo habían acordado con anterioridad no se pudo firmar
por el fallecimiento tanto del señor Ferrer como del señor
Ibañez-Trujillo”, según aclaró, uno de los testigos que como
letrado, estuvo al tanto de la intención tanto de Joaquín
Ferrer como de uno de los hermanos Ibañez-Trujillo de hacer
dicha transacción.
Sin embargo, tras ese intento de regularizar la situación,
la familia Ferrer no volvió a insistir para obtener la
titularidad de la propiedad hasta el año 1999, cuando
Antonio Luis abrió un expediente de dominio para conseguir
la escritura de la finca. Expediente que firmó el que desde
1996 ha sido el responsable de la Administración Apostólica,
Francisco Correro Tocón. Sin embargo, el vicario negó haber
firmado ese expediente en primera instancia, durante el
proceso penal que Ferrer abrió contra él y el dueño de la
inmobiliaria el pasado año tras interponer una denuncia por
presunta estafa.
Esta presuntamente se cometió en 2007, cuando Correro Tocón
vendió la finca, sin escritura ni llaves, a los dueños de la
inmobiliaria Betanta, que para entrar al inmueble tuvieron
que forzar la cerradura. No obstante, el demandado niega
haber conocido con anterioridad que este local estuviera
ocupado, al igual que lo hace Correro Tocón, a pesar de
haber firmado los dos expedientes de dominio que había
solicitado Antonio Luis Ferrer para formalizar una situación
que se había alargado en el tiempo y que todavía no ha
encontrado su punto y final. La denuncia por la vía penal
fue archivada, mientras que la demanda civil ha seguido su
curso y ahora, el juicio ha quedado visto para sentencia.
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disputa
