|
Para llegar a la Ley de Educación
actual, LOE, nos remontamos a 1812, donde la Constitución de
Cádiz, recoge en su título IX, la necesidad de crear un plan
de enseñanza uniforme para todo el reino, sin especificar
clases sociales y establecer en todos los pueblos escuelas
de “primeras letras”, en las que se enseñara a leer,
escribir y a contar, el catecismo y las obligaciones
civiles… En 1814, el Diputado Manuel de Quintana, elabora un
Informe que se redacta como Ley en 1821. En él se da
carácter legal a una estructura del sistema educativo, que
se divide en primera, segunda y tercera enseñanza; se
distingue entre instrucción pública y privada y se determina
la gratuidad de la enseñanza.
En 1835 el Estatuto Real establece, sólo para privilegiados,
las Escuelas de Latinidad y Colegio de Humanidades. Al año
siguiente aparece en el Plan General de Instrucción Pública
del Duque de Rivas, de corte liberal, que no se llega a
aplicar por cambio de régimen. Poco después, en el Gobierno
del Marqués de Someruelos se crean las Escuelas Normales
para formar a los docentes.
En 1845 se aprueba el Plan Pidal o Plan General de Estudios,
antecedente de la futura LEY MOYANO… En 1857, el Ministro de
Fomento, Claudio Moyano da nombre a la Ley de Instrucción
Pública (9 de Septiembre de 1857). Esa ley es todo un
“monumento legislativo”, un código docente muy extenso que
consta de 307 artículos y ha estado vigente más de cien
años. Ya, en 1876, se produce la fundación de la Institución
Libre de Enseñanza por Giner de los Ríos, enraizada en los
principios de la filosofía krausista. Auténtica renovación
que defiende el aprendizaje activo, la formación a través de
las artes y la escuela laica. En 1900, dentro del clima
generacionista que vivía España, se crea el Ministerio de
Instrucción Pública, que asumía el sueldo de los maestros y
el control de la red de las Escuelas Primarias. La
educación, a principios del siglo XX, está influenciada por
dos generaciones: la generación de 1898, formada por
escritores como Azorín, Baroja, Machado… y la generación de
1914 compuesta por intelectuales como Ortega y Gasset,
Sánchez Albornoz… Aparece el Plan Romanones, Ministro
liberal que establece para el Bachillerato seis años. En
1909 se promueve la necesidad urgente de reorganizar la red
escolar rural, fomentar la educación de párvulos y adultos.
Hasta 1910 unos Decretos oficiales recogen los derechos
femeninos a la educación. En 1914 se aprueba un Plan para
formar a los maestros.
En 1923, Eduardo Calleja, establece un nuevo plan de
Bachillerato. Aparece los Bachillerato de Ciencia y Letras
y, para recortar gastos, se impone un único libro de texto,
la “ENCICLOPEDIA”. Durante la II República, prima ante todo,
una igualdad en la educación, también de género (Llopis,
Fernando de los Ríos, Luzuriaga), mientras que la Iglesia
defendía un sistema educativo dual.
Se implantaron las Misiones Pedagógicas y se renovaron las
Escuelas Normales. Se crea la figura del Inspector de
Primaria, que se convirtió en un verdadero orientador
pedagógico. En 1936, durante la Guerra Civil, coexisten dos
escuelas: en la zona republicana se sustituye el Plan de
Estudios de Primaria de 1901 por otro más innovador
decretado en el 37. En la zona franquista se impone un
pensamiento conservador, basado en la condena del
liberalismo, la coeducación y la Institución Libre de
Enseñanza. Al acabar la Guerra Civil se hace una depuración
de los docentes y se exige la formación y función moral del
maestro. El franquismo cambia los modelos pedagógicos: los
niños no estudian lo mismo que las niñas y están separados.
Para llegar a la Ley General de Educación, Ley 14/70, quedan
atrás el Plan de Bachillerato de Ruiz Jiménez, que
establecía un examen preuniversitario, la generalización de
la enseñanza a partir de los años 60 y la extensión de la
escolarización femenina; de la obligatoriedad hasta los 14
años, ratio de 30 alumnos; Bachillerato Superior para
ingreso en las Escuelas Normales, es la nueva Ley de 1965 de
Lora Tamayo.
Y llega la Ley General de Educación: “Cuando en la década de
los 70 todos los países, acudiendo a la llamada de las
Naciones unidas pretenden esforzarse en potenciar al máximo
el capital humano de su educación, como primera y
fundamental variable de su desarrollo, el Gobierno español
ha puesto en marcha, en el año Internacional de la
Educación, como primera aportación, un nuevo sistema
educativo más social, más eficaz y mejor adaptado a la
evolución que la sociedad española ha experimentado
singularmente en los últimos treinta años”. El art. 15 de la
Ley General de Educación, dice: “La Educación General Básica
tiene por finalidad proporcionar una formación integral,
fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible,
a las aptitudes y capacidades de cada uno…”.
A partir de 1985 se aprueba la LODE, Ley Orgánica Reguladora
del Derecho a la Educación, como preámbulo de la LOGSE
(1990), Ley de O rdenación del Sistema Educativo:
escolarización obligatoria hasta los 16 años, promoción
automática de curso, creación de la etapa de Educación
Secundaria (ESO). Tras ella llegó la Ley Orgánica de calidad
de la Educación (LOCE), aprobada en 2002, con el PP en el
Gobierno. Fue muy discutida y, en 2005, con el PSOE en el
poder, otra nueva Ley: la LOE (Ley Orgánica de Educación).
Un galimatías de siglas que encierra un debate político: por
un lado, la aparición de objetores de conciencia: alumnos
sin interés y que llegan a desarrollar conductas violentas
hacia profesores y compañeros.
Con este exhaustivo trabajo sobre la enseñanza en nuestro
país, quizás he podido contestar a la pregunta que hacía
días atrás, un antiguo alumno de la EGB. ¿Cómo es posible
que mi hijo, estudiante de la LOE (LOGSE), esté peor
preparado que yo? La EGB, fue inmediatamente sustituida por
la LOGSE, cuando todavía no se habían cumplido los treinta
años de vigencia, que es el tiempo mínimo que necesita una
Ley para ser evaluada. ¡A la EGB, no la dejaron de madurar!
|
OPINIÓN / EL MAESTRO
