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					Ayer se celebró el juicio contra seis agentes de la Guardia 
					Civil y un civil por delito de cohecho y prevaricación, ante 
					su presunta relación con el paso de mercancías y pasajeros 
					por la frontera de forma descontrolada. Sin embargo, lo que 
					se preveía con una vista de dos días con sesiones de mañana 
					y tarde se redujo a dos horas de negociación entre Fiscalía 
					y defensa. Ambas partes llegaron a un acuerdo mediante el 
					cual el Ministerio Fiscal rebajó la acusación a una falta 
					por estafa, continuada para los agentes, que todos los 
					imputados aceptaron. La pena impuesta se quedó en una multa 
					para los acusados. 
					 
					Falta por estafa continuada. Este es el delito por el que 
					finalmente fueron condenados los seis agentes de la Guardia 
					Civil que ayer se presentaron en los juzgados imputados por 
					cohecho y prevaricación continuada ante una presunta 
					relación con el pase de mercancías y viajeros sin control 
					por la frontera del Tarajal.  
					 
					Los guardias se enfrentaban a una posible pena de hasta 4 
					años de cárcel y nueve fuera del Cuerpo. Para defender su 
					inocencia, se prevían dos días de juicio con sesiones de 
					mañana y tarde. Sin embargo, dos horas fueron suficientes 
					para alcanzar un acuerdo entre defensa y Ministerio Fiscal 
					con el que todos los imputados mostraron su conformidad. La 
					Fiscalía modificó su acusación y finalmente se juzgó a los 
					implicados por estafa.  
					 
					La cita estaba fijada para las 10.30 horas en la Audiencia 
					Provincial. Allí se presentaron el sargento y los cinco 
					cabos de la Benemérita imputados, además del civil al que se 
					había relacionado con los hechos. Estos tuvieron lugar en el 
					año 2003. Fue entonces cuando los implicados en el caso se 
					pusieron de acuerdo para exigir pequeñas cantidades de 
					dinero a los conductores a cambio de dejarles pasar la 
					frontera y entrar en Ceuta, tal y como recoge el escrito de 
					la Fiscalía. Al parecer, los agentes exigían a aquellos que 
					querían traspasar la frontera del Tarajal cantidades que en 
					algunas ocasiones ascendían a 40 euros, pero que en ningún 
					caso superaban los 400 euros.  
					 
					En el primer escrito del Ministerio Fiscal estos hechos 
					fueron considerados constitutivos de un delito de cohecho y 
					prevaricación continuada, por el que se pedían hasta cuatro 
					años de cárcel y nueve de inhabilatación para los agentes de 
					la Guardia Civil, además de una multa superior a los 1.200 
					euros. La misma pena se solicitaba para el imputado civil. 
					No obstante, estas primeras conclusiones se modificaron ante 
					las irregularidades que se han presentado en el transcurso 
					del proceso. Una de ellas ha sido la transcripción de las 
					escuchas realizadas durante la investigación y que publicó 
					un medio escrito local, a pesar de que está “terminantemente 
					prohibida” su reproducción, según se recoge en el escrito 
					fiscal. En este contexto, defensa y Fiscalía acercaron 
					posiciones y tras casi dos horas de conversaciones en los 
					pasillos de la Audiencia, ambas partes llegaron a un 
					acuerdo.  
					 
					Permanencia en el Cuerpo 
					 
					A las 12.00 horas la sección VI de la Audiencia Provincial 
					de Cádiz en Ceuta abría sus puertas para acoger la audiencia 
					pública en la que los imputados aceptaron los hechos y se 
					mostraron conformes con la condena solicitada por la 
					Fiscalía por una falta de estafa continuada. Finalmente, se 
					impuso a los acusados una pena de 60 días de multa a razón 
					de 60 euros diarios, en total, 1.200 euros, con un día de 
					prisión por cada dos cuotas no satisfechas. Mientras, el 
					séptimo imputado asumía una multa de 400 euros por estafa. 
					 
					Tras el proceso, los agentes mantendrán su puesto en la 
					Benemérita, ya que la estafa es considerada una falta menor 
					que no conlleva la inhabilitación del Cuerpo. Un resultado 
					que los seis magistrados de la defensa celebraron tras 
					confirmarse el acuerdo, dado que, de celebrarse, el juicio 
					hubiera conllevado en caso de condena la expulsión de la 
					Guardia Civil de los seis implicados.  
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