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					Las administraciones en Ceuta, local y estatal se unen en la 
					lucha contra el empleo irregular, aunque habrá un periodo 
					voluntario hasta el 31 de julio para regularizar situaciones 
					en las empresas y los trabajadores. Las sanciones previstas 
					se han multiplicado por cinco. 
					 
					La Delegación del Gobierno ha reunido a los representantes 
					de las asociaciones de empresarios, graduados sociales, 
					responsables del INSS y el SPEE y de la Consejería de 
					Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma para explicar las 
					medidas del Gobierno para la regularización y control del 
					empleo sumergido, incluidas en un Decreto Ley que se aprobó 
					el pasado jueves. 
					 
					Habrá tolerancia cero contra el empleo irregular, abriendo 
					además un periodo de regularización voluntaria del empleo 
					sumergido que permita evitar mayores responsabilidades 
					sancionadoras y acogerse a determinadas ventajas. 
					 
					La Inspección de Trabajo seguirá actuando en el control de 
					la economía sumergida durante el periodo de regularización y 
					sancionará a los empresarios que ocupen trabajadores de 
					manera irregular sin haberlos dado de alta. 
					 
					Además, desde el 1 de agosto entrará en vigor un importante 
					incremento de todas las sanciones que tienen que ver con el 
					empleo no declarado, que pretende impulsar el proceso de 
					regularización. 
					 
					Por falta de afiliación o alta de trabajadores en la 
					Seguridad Socia se pasa de una sanción mínima de 626 euros a 
					3.126 euros (se multiplica por 5), y una sanción máxima de 
					10.000 euros. 
					 
					Empresarios que ocupen a trabajadores perceptores de 
					prestaciones por desempleo o pensiones incompatibles con la 
					actividad laboral: La cuantía mínima de la sanción 
					prácticamente se ha duplicado, de 6.251 euros a 10.001 
					euros. 
					 
					Además se impondrán a las empresas que contraten o 
					subcontraten obras a obligación de comprobar que los 
					trabajadores de las contratas y subcontratas estén dados de 
					alta en la Seguridad Social. 
					 
					Y las empresas que resulten sancionadas por una infracción 
					grave en materia de empleo no declarado serán excluidas de 
					las contrataciones con el sector público.  
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