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sociedad - MIÉRCOLES, 1 DE JUNIO DE 2011

 

reunion

Delegación informa sobre las
medidas contra el empleo sumergido

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Las administraciones en Ceuta, local y estatal se unen en la lucha contra el empleo irregular, aunque habrá un periodo voluntario hasta el 31 de julio para regularizar situaciones en las empresas y los trabajadores. Las sanciones previstas se han multiplicado por cinco.

La Delegación del Gobierno ha reunido a los representantes de las asociaciones de empresarios, graduados sociales, responsables del INSS y el SPEE y de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma para explicar las medidas del Gobierno para la regularización y control del empleo sumergido, incluidas en un Decreto Ley que se aprobó el pasado jueves.

Habrá tolerancia cero contra el empleo irregular, abriendo además un periodo de regularización voluntaria del empleo sumergido que permita evitar mayores responsabilidades sancionadoras y acogerse a determinadas ventajas.

La Inspección de Trabajo seguirá actuando en el control de la economía sumergida durante el periodo de regularización y sancionará a los empresarios que ocupen trabajadores de manera irregular sin haberlos dado de alta.

Además, desde el 1 de agosto entrará en vigor un importante incremento de todas las sanciones que tienen que ver con el empleo no declarado, que pretende impulsar el proceso de regularización.

Por falta de afiliación o alta de trabajadores en la Seguridad Socia se pasa de una sanción mínima de 626 euros a 3.126 euros (se multiplica por 5), y una sanción máxima de 10.000 euros.

Empresarios que ocupen a trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo o pensiones incompatibles con la actividad laboral: La cuantía mínima de la sanción prácticamente se ha duplicado, de 6.251 euros a 10.001 euros.

Además se impondrán a las empresas que contraten o subcontraten obras a obligación de comprobar que los trabajadores de las contratas y subcontratas estén dados de alta en la Seguridad Social.

Y las empresas que resulten sancionadas por una infracción grave en materia de empleo no declarado serán excluidas de las contrataciones con el sector público.
 

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