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					El presidente nacional de Acaip, José Ramón López se reunió 
					ayer con el presidente de la Ciudad y con la secretaria de 
					Delegación del Gobierno, a la que pidió el cese del actual 
					director del centro penitenciario melillense por, según 
					dijo, “un trato discriminatorio dentro de la plantilla” 
					beneficiando con “servicios más cómodos” a aquellos 
					funcionarios que pertenecen al sindicato UGT, lo que está 
					creando “tensiones internas entre los trabajadores que 
					pueden provocar problemas en el servicio”, declaró.  
					 
					Según López “está habiendo problemas por la actitud del 
					director del centro”, con un trato “sectario, en función de 
					la adscripción sindical o política” del funcionario, 
					“otorgando los servicios más fáciles a un grupo de 
					funcionarios concretos”, a los pertenecientes a UGT, “así de 
					claro y simple” y “obviando al resto”. El presidente 
					nacional de Acaip aseguró que “si eres de UGT tienes muchas 
					más facilidades para tener un servicio cómodo dentro de la 
					prisión”, pero “si eres de otro sindicato lo tienes mucho 
					más complicado”. De hecho, ejemplificó, “en el módulo de 
					respeto, donde están los internos menos conflictivos, hay 22 
					funcionarios”, de los que “el 90 por ciento pertenece a 
					UGT”.  
					 
					“Tensiones internas” 
					 
					Es por ello que en la reunión que tuvieron con la secretaria 
					de Delegación del Gobierno, pues no pudieron reunirse con el 
					propio delegado, “hemos pedido el cese del director del 
					centro”. Pero se trata de algo “complicado”, porque “en este 
					país no se cesa a nadie y tampoco dimite nadie”, pero “ se 
					está llegando a un punto en que la sensación que tienen unos 
					funcionarios es de una discriminación muy claro”, por lo que 
					los responsables de Delegación del Gobierno, así como la 
					secretaría general de Instituciones Penitenciarias, donde 
					también han expuesto la situación, “tienen que tomar una 
					decisión para que no existan tensiones internas entre los 
					trabajadores”. En este sentido, presentarán un escrito con 
					el problema en Delegación del Gobierno, para ver “cómo lo 
					solucionan”.  
					 
					Este hecho también se lo transmitió ayer al presidente de la 
					Ciudad en funciones, con quien se reunió en el Palacio de la 
					Asamblea, aunque “sabemos que no tiene competencia, nos 
					gusta tener informados a todas las autoridades”. En el 
					encuentro “retomamos otros temas” como el proyecto del nuevo 
					centro penitenciario de Melilla, del que “ya hay un primer 
					boceto, pero con la situación económica actual entendemos 
					que es complicado”. De la misma forma, “hemos solicitado a 
					la Ciudad Autónoma que exista un apoyo a los funcionarios 
					penitenciarios cuando tenemos problemas en nuestro trabajo”, 
					como “ha ocurrido con la Guardia Civil o la Policía”. Así, 
					“la reunión ha sido interesante” y “el presidente ha 
					reconocido que se nos va a apoyar”, subrayó.  
					 
					Actualmente hay una plantilla de 180 funcionarios en el 
					centro penitenciario melillense, para 293 personas privadas 
					de libertad repartidas entre 148 celdas.  
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