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					El Partido de los Demócratas de Melilla (PDM) denunció ayer 
					las intolerables e insostenibles cifras de desempleo que 
					condenan al paro a prácticamente 11.000 melillenses, esto 
					es, el 25% de la población activa. El PDM considera que las 
					cifras de paro constituyen un motivo de alarma social, que 
					ponen en evidencia, año tras año, la insensibilidad social e 
					incapacidad para diseñar un modelo económico que afronte los 
					nuevos retos derivados de los distintos procesos de 
					integración que se suceden en nuestro entorno. 
					 
					Los demócratas señalan que se trata de una situación de 
					emergencia económica y social, que se verá agravada tras la 
					conclusión de los planes de empleo de la Administración 
					Central y que tendrá su reflejo en el dramatismo de los más 
					de 11.000 parados en nuestra ciudad, tal cual se infiere de 
					los datos de la EPA. En este sentido, apunta que la 
					consecuencia del intolerable número de desempleados es el 
					incremento de los índices de pobreza y exclusión social. “Es 
					urgente un giro de 180º grados en las políticas de las 
					distintas administraciones, particularmente de la 
					administración central, asumiendo definitivamente nuestra 
					realidad socio- económica”. Por ello el PDM denuncia como 
					una vez más “se omite deliberadamente” que la práctica 
					totalidad de los 11.000 parados “son melillenses musulmanes, 
					cuyas cifras del paro alcanzan al menos al 50% de su 
					población activa”. 
					 
					El PDM denuncia la hipocresía que supone la segregación de 
					los datos de desempleo en función de distintas variantes 
					como la que representa el género y que sin embargo se omita 
					interesadamente los datos del paro en la Comunidad 
					Musulmana. Recuerda que “su tardía incorporación a nuestra 
					vida económica y social, resultado de décadas de 
					discriminación, constituye un grave déficit y una rémora que 
					explicarían objetivamente los actuales niveles de paro en 
					general y en aquella comunidad en particular”. El objetivo 
					último de esta omisión es eludir la necesidad de programas 
					de discriminación positiva sobradamente justificados, tal 
					cual viene exigiendo el más elemental sentido de la 
					justicia, así como la propia letra y espíritu de la 
					Constitución, que exige de los poderes públicos remover los 
					obstáculos que dificulten que la libertad e igualdad de los 
					ciudadanos sean reales. 
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