Fiscalizar los millonarios cursos de formación

Con la clamorosa crisis que soporta el país que se ha cobrado como primeras ‘víctimas’ de la negativa coyuntura a los trabajadores -hoy desempleados-, el Ejecutivo apostó con decisión por la formación al objeto de replantear mejores salidas de futuro a los parados. Medidas que contaron con el correspondiente esfuerzo financiero con aportaciones directas del erario público para aquellos que garantizase planes formativos capaces de preparar a los que serán potencial mano de obra en distintos sectores. La Administración tiene la obligación de fiscalizar, y así lo hace, la calidad de los cursos que subcontrata. En el caso de Ceuta, un grupo de alumnos ha denunciado públicamente y también lo hará en las oficinas del SPEE, presuntas irregularidades en uno de ellos.